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El gobierno regional mantiene sin gestionar seis de las trece actuaciones de emergencia del Plan de Garantías Ciudadanas
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El gobierno regional mantiene sin gestionar seis de las trece actuaciones de emergencia del Plan de Garantías Ciudadanas

martes 17 de octubre de 2017, 19:37h

El gobierno regional mantiene sin gestionar (en ejecución cero) seis de las trece actuaciones del Plan Integral de Garantías Ciudadanas (PIGC), contempladas como acciones de emergencia. El Plan, creado a iniciativa de Podemos e incorporado a los presupuestos de 2016 y 2017 es supervisado por Inmaculada Herranz, consejera “Encargada de la coordinación del Plan”, que junto a José García Molina son los dos miembros de la formación morada en el ejecutivo de coalición de las formaciones de izquierda que preside Emiliano García-Page.

La inacción del ejecutivo afecta al asesoramiento, asistencia e intermediación hipotecaria, a las ayudas a los ayuntamientos para la promoción pública de viviendas, a la reparación del parque público de viviendas, a las ayudas y becas a la escolarización (matrícula, libros de texto, material escolar), a las ayudas y becas para transporte y comedor escolares y a las ayudas a ayuntamientos y a instituciones sociales para acogida a mujeres víctimas de violencia de género. En todas estas líneas, tanto en el presupuesto prorrogado de 2016 (que ha estado vigente hasta septiembre) como en el de 2017 las obligaciones de pago contraídas por el gobierno a finales de septiembre son cero. En otros casos, como en el de las ayudas al arrendamiento de vivienda que tienen un presupuesto de 6,94 millones de euros, el gobierno sólo ha comprometido el pago de 411,43 euros.

Este plan al que Podemos le dio un enfoque “integral e integrador para superar la dispersión y desconexión de las políticas sociales”, recogía una visión moderna de las políticas sociales, según consta en el mismo, en la que se contempla las necesidades sociales de cada ciudadano para tratar de darles respuesta coordinada, situando a la persona en el centro de la acción pública. El plan contempla tres grandes programas de garantías: la habitacional, la de suministros básicos del hogar y la de rentas. Este último, de rentas se subdivide en cuatro grandes apartados: trabajo, educación, servicios sociales e igualdad de género.

El Plan de garantía habitacional, sólo se ha ejecutado al 28 por ciento. De los 14,85 millones de euros, el gobierno sólo ha gestionado 4,16. La mayor parte de este dinero se corresponde con una transferencia hecha a la empresa pública Gestión de Infraestructura de Castilla-La Mancha (GICAMAN). De las cinco partidas del programa, tres permanecen a cero y en una sólo se han gastado 411,43 euros.

El programa de garantías de suministros básicos está dotado con un millón de euros. En el nuevo presupuesto aprobado en septiembre la partida se mezcla con la de renta garantizada. Sin embargo a finales de agosto, en el presupuesto prorrogado que si aparece diferenciada el gasto tan sólo ascendía a 3.953 euros.

En el tercer programa, el de garantías de rentas, las actuaciones en materia del subprograma de trabajo presenta una gestión irregular. El plan de empleo temporal, el que se venía aplicando antes de que existiera el PIGC, mantiene un alto nivel de ejecución, con 45 millones en obligaciones comprometidas a través de ayuntamientos y otros 1,19 millones mediante ayudas a familias e instituciones sin fin de lucro. Sin embargo los contratos de colaboración social, tienen un bajo nivel de ejecución. A través de ayuntamientos se han gestionado 795.000 euros y a través de familias e instituciones sin fin de lucro, tan sólo 10.763,08 euros.

En el subprograma de educación, el gasto en ayudas a la escolarización, al comedor y al transporte está sin gestionar. Las ayudas de garantías de rentas educativas se mantienen a cero.

En el subprograma de servicios sociales, que incluye las ayudas a emergencia social, mantenimiento de las condiciones básicas de vida, prestaciones a familias numerosas y suministros básicos de los 26,25 millones de euros se han gestionado 16,9, lo que equivale al 64 por ciento.

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