La Junta, para evitarlo, se verá obligada a realizar un plan de ajustes en sus finanzas y a mantener mayor disciplina en la gestión de los fondos públicos, porque aunque no se produzca la intervención, el gobierno regional pasa a estar bajo control del gobierno central y la Junta tendrá que hacer un plan de ajuste de 40 millones que se sumarán a otros 50 millones de 2016, lo que implica que deberá dejar de gastar en servicios públicos 90 millones de los que tenía previstos en 2018 para compensar los excesos de 2016 y 2017. Además, el gobierno regional está pendiente de si el Ministerio le obliga, conforme a lo dispuesto en la ley, a hacer un depósito de más de 80 millones de euros en el Banco de España para garantizar que cumplirá sus obligaciones en 2018.
En 2017, además del objetivo de déficit, incumplió el límite de crecimiento de gasto y redujo el colchón de cumplimiento de endeudamiento
2017 ha sido el peor ejercicio del gobierno del presidente García-Page en cuanto a disciplina financiera. Además de haber incumplido el objetivo de déficit y de haber gastado 288 millones más de los ingresado, cuando el límite al que podía llegar eran 240 millones, la Intervención General del Estado ha detectado en su informe provisional que el gobierno regional ha hecho crecer el gasto no financiero un 3,2% en relación a 2016, cuando no podía sobrepasar el 2,1. Eso supone que la Junta ha gastado 60,26 millones más de lo que tenía permitido por ley.
En cuanto a la deuda pública, ha batido récords y Castilla-La Mancha, con 14.430 millones de euros, se ha quedado a una escasa décima de incumplir también el objetivo de endeudamiento que para el caso de nuestra Comunidad es especial y llega al 35% del PIB (36,1% teniendo en cuenta algunas partidas excepcionales), cuando para el conjunto de las regiones es del 24,1%.
Ruiz Molina era consciente que uno de los departamentos que más podía desestabilizar sus planes era el SESCAM y decidió someterlo a un férreo control y así se lo declaraba en los primeros meses de 2016 a clm21.es. No en vano, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha gestiona el 36,81% del presupuesto total de la Junta (2639 millones de euros de un presupuesto no financiero de 7.170 millones, descontados amortizaciones e intereses de deuda en 2017). La Intervención General del Estado considera que uno de los motivos de las desviaciones registradas en las finanzas públicas de Castilla-La Mancha es la del incremento de un 22,4% en los conciertos sanitarios con la sanidad privada. Detrás de las cifras está el notable incremento de las listas de espera, especialmente la quirúrgica y una fuerte presión política y mediática poniendo de relieve el deterioro de la atención sanitaria. El gobierno incrementó las derivaciones hacia la sanidad privada al tiempo que reforzaba la política de comunicación en el área sanitaria para tratar de paliar el impacto negativo en la opinión pública.
La Junta, pendiente de si se la obliga a hacer un depósito de más de 80 millones de euros en el Banco de España para garantizar que cumplirá sus obligaciones en 2018
Y además del déficit, el gobierno del presidente García-Page ha incumplido la regla de gasto. Este segundo objetivo fiscal pretende que las administraciones españolas no incrementen su gasto por encima de lo que crezca la riqueza, a fin de garantizar la estabilidad financiera. Así la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, calculada para 2017 por el Ministerio de Economía y Competitividad de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea, se fijó en el 2,1%. Por tanto, la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podía superar dicha tasa. Sin embargo, Castilla-La Mancha alcanzó el 3,2%, al pasar de un gasto computable de 5.464 millones en 2016 a 5.639 en 2017, cuando el límite para nuestra Comunidad estaba en 5.578,44 millones de euros.
La Junta gastó 60,26 millones más de lo permitido, lo que también incidió en la desviación del déficit público. En diciembre, la Intervención General del Estado se había dirigido por carta al titular de Hacienda del gobierno de García-Page en la que advertía del riesgo detectado de incumplimiento de la regla de gasto y rogaba “la remisión de las causas determinantes de la posible desviación en el cumplimiento de la regla de gasto, de las medidas que, en su caso, tuviera previsto adoptar la Comunidad para su corrección antes del cierre del presente ejercicio, así como de cualesquiera otros hechos u observaciones que se consideren oportunos en relación a los posibles riesgos que puedan producirse en el cumplimiento de la regla de gasto del ejercicio 2017”. Asimismo, en la misiva se conminaba al ejecutivo autonómico a adoptar esas medidas correctoras “…deberán proponerse -decía- en su caso, las medidas para garantizar su correcta ejecución, sin perjuicio de que a la vista de la información suministrada y del seguimiento realizados se puedan acordar las medidas de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de acuerdo con su Disposición Adicional Primera”.
Esos artículos son los que determinan medidas como los ajustes, el depósito en el Banco de España del equivalente al 0,2% del PIB regional o la intervención por el Ministerio de los tributos cedidos a la Comunidad.
Deberá hacer un plan de ajuste y recortar 90 millones de euros en servicios públicos por sus desviaciones en 2016 y 2017
En cuanto a la deuda pública, Castilla-La Mancha tenía autorizado llegar a un 35% de su PIB mientras que el límite medio autonómico estaba en el 24,1%. A efectos de cálculo se incluyen unas excepciones que hacen incrementar el objetivo de deuda al 36,1% (14.458 millones de euros). Al cierre de 2017, la deuda viva del gobierno regional se quedó en 14.430 (36% PIB), es decir, 28 millones por debajo del límite permitido y en un 36% del PIB.
A efectos de computar la deuda, se incluían en el objetivo tanto 51 millones pendientes de liquidar por la financiación de los años 2008 y 2009 y los 240 millones para financiar el déficit de 2017. Además podía computar otros 112 millones por excepciones permitidas. En total 403 millones más que los 14.055 millones de endeudamiento con los que cerró 2016.
En 2017, pues, el gobierno obtuvo una desviación del objetivo del déficit público de 1,2 décimas, lo mismo que en 2016. Y si un año antes había cumplido la regla de gasto, en 2017 no lo hizo. En cuanto a la deuda pública, en 2016 la Junta cumplió el objetivo con un colchón de dos décimas del objetivo previsto. En 2017, ese colchón quedó reducido a una sola décima.
El gobierno se ve obligado en 2018 a hacer un recorte de 90 millones de euros en gasto social para compensar los déficits de 2016 y 2017. Este recorte se suma a otro de 128 millones que el gobierno ha reconocido que dejará de ejecutar este año.
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