La deuda regional alcanza los 14.714 millones, tras el incremento de 284 millones en 2018

En total, la deuda de las Comunidades Autónomas Españolas ascendían a final de año a 293.128 millones de euros, de la que Castilla-La Mancha representaba el 5,03% del total. La deuda autonómica se incrementó el año pasado en 5.021 millones de euros (1,74%). En el caso de Castilla-La Mancha el ritmo de incremento fue mayor y alcanzó el 1,97%.

El Ministerio, el principal prestamista de CLM

Los gobiernos regionales deben al Ministerio la mayor parte de ese dinero, en concreto 179.129 millones por los préstamos a través de los mecanismos extraordinarios de financiación. En el caso de Castilla-La Mancha, de su deuda total de 14.714 millones, 11.221 (76,26%) son con el Estado que le ha facilitado créditos a través del Fondo de Liquidez Autonómica.

En valores absolutos Castilla-La Mancha es la quinta región con mayor volumen de créditos, tras Cataluña (78.732 millones de euros), Valencia (47.084 millones), Andalucía (35.409 millones) y Madrid (33.270 millones).

Sin embargo en relación a la riqueza de cada región, a su Producto Interior Bruto, Castilla-La Mancha es la segunda región española que soporta mayor endeudamiento, con un 35,4% de su PIB, por detrás de Valencia que tiene una carga financiera equivalente al 41,7% de su PIB. La media del sector autonómico es del 24,3%.

Los objetivos de deuda pública establecidos para 2018 situaban el tope de la deuda computable según el Protocolo de Déficit Excesivo en un 24,1% y en el caso de Castilla-La Mancha en un 35,3%. En 2019, nuestra Comunidad deberá rebajar su endeudamiento al 34,1% de su PIB y en 2020 al 32,8%. A pesar de que año tras años, la Comunidad ha venido aumentando su deuda, su peso en relación al PIB ha disminuido gracias al crecimiento económico que se refleja en un incremento del Producto Interior Bruto. Precisamente ese dinamismo de la economía ha supuesto que el porcentaje de la deuda pública castellano-manchega sea el más bajo desde 2013, cuando estaba en el 31%. Ya en 2014 llegó al 36%.

La mayor parte de lo que debe la región está en créditos, que representan el 91,57% del total. El 8,43% restante se corresponde con emisiones de valores representativos de deuda pública. Entre los créditos, el Estado es el mayor prestamista de nuestra Región, con 11.221 millones de euros. El gobierno regional debe otros 1.496 millones a instituciones financieras nacionales y 757 millones a bancos extranjeros. Los valores representativos de deuda emitida son por valor de 1.240 millones a suscriptores de emisiones de deuda pública.

En los últimos años, Castilla-La Mancha ha ido refinanciando su deuda y los vencimientos con entidades privadas se han ido sustituyendo con nuevos créditos donde el prestamista es del Estado. Esa misma dinámica la han llevado a cabo otras regiones hasta el punto de que el 85,4% de la deuda de Murcia es con el Ministerio de Hacienda, el 82,7% de la de Valencia, el 80,4% de la de Cantabria y el 76,26% de la de Castilla-La Mancha.

España debe 1,17 billones

A final de 2018, la deuda total de las administraciones públicas españolas ascendía a 1,17 billones de euros (97,2% del PIB), 29.563 millones de euros más que en 2017. A pesar del aumento absoluto, el porcentaje en relación al PIB se reduce nueve décimas por el incremento de la riqueza nacional.

De esa cuantía la deuda neta del gobierno central era de 820.016 millones de euros, la de las autonomías 293.128 millones, la de las corporaciones locales 25.781 millones y la de la Seguridad Social 35.064 millones. En cifras redondas, la administración central aumentó su endeudamiento en 11.000 millones, la seguridad social en casi 17.000, las comunidades autónomas en 5.500 y sólo las corporaciones locales lograron reducir su carga financiera en 3.300 millones de euros. La evolución más desfavorable la presenta la seguridad social, porque además de casi duplicar su deuda en el último año (crecimiento del 93%), en valores porcentuales es la única que aumenta al representar ya un 2,9% del PIB frente al 1,6% de un año antes. El resto de administraciones reducen los valores porcentuales: 1,5 puntos el gobierno central, cuatro décimas las autonomías y otras 4 décimas los ayuntamientos, diputaciones y cabildos.