bienestar social

Un día después de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha anunciara el proyecto de ley de “Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha”, los datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad señalan que, de las 84.966 solicitudes de dependencia que ha recibido la Consejería de Bienestar Social hasta el 28 de febrero, en el último mes se resolvieron un total de 244 solicitudes, de las cuales más del 45% (110 solicitudes) fueron rechazadas.

La Junta Directiva de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha vuelve a alzar la voz para denunciar la retirada de prestaciones económicas desde la Consejería de Bienestar Social, lo que según señalan, “está ocurriendo con los dependientes que terminan la edad escolar en un Centro de Educación Especial de Enseñanza Reglada”.

Ha empezado a pincharse la falsa ilusión. La crisis con la Universidad -con independencia de los temas domésticos- ha destapado una realidad de la que clm21.es viene advirtiendo: No hay suficiente dinero para la recuperación social. Crece la economía -faltaría más- al hilo de las políticas de estímulos del BCE, de las reformas nacionales y por la adecuada ubicación regional para temas logísticos. Desde el gobierno regional se empuja un poco -cuando se empuja, porque hay mucha voluntad y poca capacidad de gestionar ágilmente los fondos de estímulos regionales-. Pero todavía no hay suficientes ingresos ni entre las familias y empresas (el sector privado), ni en la administración regional (el sector público). Y el gobierno, al igual que las familias, trata de tapar agujeros y de priorizar el gasto. El problema es que el presidente García-Page había generado grandes expectativas, que trata de mantener sobre la base de criticar los cuatro años anteriores, donde no había dinero ni en el sector privado ni en el público. Ni mucho ni poco, sencillamente no había. Lo único que abundaba eran las deudas. Unas deudas con el sector privado (facturas sin pagar) que se pagaron a costa de aumentar la deuda pública.

Durante el último año han salido del sistema de protección de la dependencia de Castilla-La Mancha 1.342 personas. Los datos oficiales revelan que, en la actualidad, la Junta de Comunidades tiene reconocidos a 63.243 dependientes con derecho a ser atendidos por el sistema público, frente a los 64.585 que había hace un año. Además de esos 63.243 castellano-manchegos con derechos a los servicios públicos de atención, 12.310 no reciben ningún tipo de prestación y están en lista de espera.

El gobierno regional ha abierto un nuevo frente en su política de revisión de ayudas a los dependientes, según consta en la denuncia pública presentada por la Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha. Si a principios de año el gobierno reclamaba a un sector de los dependientes que reintegraran ayudas, ahora ha recortado las ayudas a algunos dependientes severos, según se desprende de la denuncia pública realizada por la Plataforma.

De mantenerse el actual ritmo de tramitación de solicitudes de la dependencia, la administración regional tardaría 12 años en dictaminar los expedientes de prestaciones por dependencias que tiene acumulados. Durante el mes de septiembre, la Consejería de Bienestar Social resolvió 198 expediente, pero a esas salidas se contraponen, 160 entradas nuevas, con lo que el saldo de expedientes netos resueltos se sitúa en 38. A finales del tercer trimestre, el gobierno regional tenía una montaña de 5.651 expedientes pendientes.

El Observatorio de la dependencia de la Fundación Española de Economía Aplicada del mes de octubre sostiene que el actual sistema “se podría calificar como dependencia low cost. Si no queremos un sistema de dependencia de bajo coste y baja calidad debemos incidir sobre el rediseño del sistema sobre bases más sólidas, con reglas más claras y transparentes, con una financiación y fuentes de financiación predefinidas, donde ciudadanos y profesionales sean plenamente conscientes de sus deberes y derechos”, concluye el informe elaborado por Sergi Jiménez-Martín de la Universidad Pompeu Fabra y Analía Viola de FEDEA.

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha denuncia que las cifras presentadas por el Gobierno regional no coinciden con las publicadas por las estadísticas oficiales del IMSERSO. Las declaraciones de la Junta Directiva de la Plataforma se producen después de que clm21.es haya revelado la existencia de 1.237 dependientes más en lista de espera de Castilla-La Mancha, que no figuraban en las estadísticas oficiales que el gobierno regional entregó a los medios de comunicación la semana pasada para dar cuenta del sistema de dependencia en regional a agosto de 2017.

Las estadísticas oficiales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) publicadas en el portal de la dependencia del IMSERSO han destapado 1.237 dependientes más en lista de espera de Castilla-La Mancha, que no figuraban en las estadísticas oficiales que el gobierno regional entregó a los medios de comunicación la semana pasada para dar cuenta del sistema de dependencia en regional a agosto de 2017.

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha denuncia una vez más los datos sobre el funcionamiento del sistema de dependencia de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que consideran poco fiables y diferentes a los proporcionados por el IMSERSO.

Otros 5.776 ciudadanos ni tan siquiera han sido valorados. Al ritmo que lleva la Consejería tardaría 24 años en evaluar a estos solicitantes y determinar si tienen derecho a la prestación y de qué nivel