bienestar social

Según señalan los datos recogidos por el observatorio de la dependencia del IMSERSO, en Castilla-La Mancha se han dictado en total 78.754 resoluciones desde que existen registros, pero a día de hoy aún quedan 6.446 solicitudes de dependencia en lista de espera para ser evaluados (165 más que en febrero), a las que hay que sumar 9.556 personas en el conocido como “limbo de la dependencia”, dependientes con derecho a prestación reconocido pero que todavía no la reciben.

Un día después de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha anunciara el proyecto de ley de “Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha”, los datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad señalan que, de las 84.966 solicitudes de dependencia que ha recibido la Consejería de Bienestar Social hasta el 28 de febrero, en el último mes se resolvieron un total de 244 solicitudes, de las cuales más del 45% (110 solicitudes) fueron rechazadas.

La Junta Directiva de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha vuelve a alzar la voz para denunciar la retirada de prestaciones económicas desde la Consejería de Bienestar Social, lo que según señalan, “está ocurriendo con los dependientes que terminan la edad escolar en un Centro de Educación Especial de Enseñanza Reglada”.

Ha empezado a pincharse la falsa ilusión. La crisis con la Universidad -con independencia de los temas domésticos- ha destapado una realidad de la que clm21.es viene advirtiendo: No hay suficiente dinero para la recuperación social. Crece la economía -faltaría más- al hilo de las políticas de estímulos del BCE, de las reformas nacionales y por la adecuada ubicación regional para temas logísticos. Desde el gobierno regional se empuja un poco -cuando se empuja, porque hay mucha voluntad y poca capacidad de gestionar ágilmente los fondos de estímulos regionales-. Pero todavía no hay suficientes ingresos ni entre las familias y empresas (el sector privado), ni en la administración regional (el sector público). Y el gobierno, al igual que las familias, trata de tapar agujeros y de priorizar el gasto. El problema es que el presidente García-Page había generado grandes expectativas, que trata de mantener sobre la base de criticar los cuatro años anteriores, donde no había dinero ni en el sector privado ni en el público. Ni mucho ni poco, sencillamente no había. Lo único que abundaba eran las deudas. Unas deudas con el sector privado (facturas sin pagar) que se pagaron a costa de aumentar la deuda pública.

Durante el último año han salido del sistema de protección de la dependencia de Castilla-La Mancha 1.342 personas. Los datos oficiales revelan que, en la actualidad, la Junta de Comunidades tiene reconocidos a 63.243 dependientes con derecho a ser atendidos por el sistema público, frente a los 64.585 que había hace un año. Además de esos 63.243 castellano-manchegos con derechos a los servicios públicos de atención, 12.310 no reciben ningún tipo de prestación y están en lista de espera.

El gobierno regional ha abierto un nuevo frente en su política de revisión de ayudas a los dependientes, según consta en la denuncia pública presentada por la Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha. Si a principios de año el gobierno reclamaba a un sector de los dependientes que reintegraran ayudas, ahora ha recortado las ayudas a algunos dependientes severos, según se desprende de la denuncia pública realizada por la Plataforma.