DEUDA

Que a los españoles no nos gusta pagar los gastos de comunidad es un hecho, y que más del 40% de los propietarios de viviendas no lo hace, también. Son los reveladores datos que ha aportado esta semana el Consejo General de Administradores de Fincas, según los cuales los españoles acumulamos 1.666 millones de euros en impagos a las comunidades de vecinos. Del total de morosidad del país, Castilla-La Mancha representa el 4,7%, con una tasa de morosidad que alcanza los 78,1 millones de euros.

Las regiones del arco mediterráneo y Castilla-La Mancha presentan un riesgo muy alto de sostenibilidad financiera debido al elevado peso de su deuda pública, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Están en el nivel más peligroso de incumplimiento de los seis que establece la institución y que responde no sólo al total de deuda, también a la evolución de la misma en relación al presupuesto, la capacidad de pago o las condiciones económicas generales, incluyendo la situación del mercado de trabajo.

Si las familias de nuestra Comunidad tuvieran que hacer frente a la deuda que arrastra e incrementa año tras año el gobierno del presidente García-Page, tendrían que abonar a razón de 7.100 euros por cada uno de los componentes del hogar. El gobierno del presidente García-Page es el segundo más endeudado en relación a la riqueza regional, con un 36% del PIB de la Comunidad, sólo superado por el valenciano (42,5%). Sin embargo, los hogares de Castilla-La Mancha son, junto a los extremeños y canarios, los que menos ingresos netos medios anuales tienen. Nunca antes la deuda pública regional se había aproximado a los 14.500 millones de euros. En los dos primeros años de mandato la carga ha subido en 1.004 millones de euros y se sitúa en 14.430 millones. Todo ello sin contar las facturas que debían a sus proveedores y otros pagos a beneficiarios de subvenciones, otros 246 millones de euros.

2017 fue un mal año para los proveedores de la Junta de Comunidades, especialmente para los sanitarios, que vieron incrementar las cuantías que les adeuda el gobierno regional. Los nuevos datos oficiales sobre la deuda comercial que el gobierno regional mantenía con sus proveedores revelan que el total de facturas pendientes de pago creció en Castilla-La Mancha durante 2017 un 13,63%. El Conjunto de las administraciones autonómicas, en cambio logró reducir la cuantía de facturas sin pagar en un 15,56%.

Encarecimiento de la financiación, mayor compromiso de gasto público, imposibilidad de incurrir en déficit, caída del crecimiento económico, obligación de reducción de la deuda viva, mayor inflación y un escenario adverso de política monetaria es un cóctel que anticipa un escenario complejo en el horizonte de dos años para el gobierno autonómico que salga de las urnas el año que viene. A ello habrá que añadir el impacto del nuevo modelo de financiación autonómica. Por si fuera poco, ese horizonte va precedido de un año y medio preelectoral que va a provocar mayores tensiones económico financieras (es el periodo de cualquier legislatura de cualquier administración donde se aceleran los gastos), que quedarán al descubierto cuando el ejecutivo que entre en 2019 haga el balance.

La deuda no financiera de la Junta (la que tiene con proveedores y con instituciones por subvenciones o convenios) ha aumentado en 42 millones (15,64%) de agosto a septiembre y a final del tercer trimestre debía 311 millones de euros, que equivale al 0,78% del PIB regional.

Durante la presente legislatura la deuda financiera (créditos) de la Junta de Comunidades se ha incrementado en 1.122 millones hasta alcanzar los 14.260 millones a finales del primer semestre de este año, según datos del Banco de España. Castilla-La Mancha se sitúa como la segunda región más endeudada en relación a su Producto Interior Bruto. En concreto los créditos equivalen al 36,6 por ciento de la riqueza regional. Sólo Valencia, con un 41,8% de su PIB presenta mayor nivel de endeudamiento. El gobierno de García-Page se encontró a su llegada con un endeudamiento del 36,2 por ciento del PIB.

Anda el gobierno regional con dos obsesiones: la mala malísima y el bueno buenísimo. Y, oye, esto se ha convertido en algo patológico. Hasta el punto de que los medios tengamos que poner la información que nos venden vía comunicados y notas oficiales en cuarentena y poda. La poda para desbrozar adjetivos y dejar la información en los hechos. La cuarentena para comprobar si los datos que ofrece son veraces.

Las facturas que el gobierno regional tiene pendientes de pago se dispararon en junio un 48,99% y alcanzaron un volumen de 233,08 millones de euros. Castilla-la Mancha fue la región española en la que más crecieron porcentualmente las facturas pendientes de pago.

El cruce de los últimos datos y proyecciones de los principales servicios de estudios económicos apunta a que las previsiones iniciales que habían realizado sobre Castilla-La Mancha para 2017 se mantienen y la economía regional sufrirá una desaceleración durante este año. Sin embargo, el consejero Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que los datos finales sobre nuestra economía serán mejores que los contemplado en las previsiones que hizo el gobierno a primeros de año y que cifraba el incremento del PIB en un 2,5 por ciento. Según el consejero, el crecimiento final será del 3 por ciento, una décima por debajo del año pasado.