DEUDA

Encarecimiento de la financiación, mayor compromiso de gasto público, imposibilidad de incurrir en déficit, caída del crecimiento económico, obligación de reducción de la deuda viva, mayor inflación y un escenario adverso de política monetaria es un cóctel que anticipa un escenario complejo en el horizonte de dos años para el gobierno autonómico que salga de las urnas el año que viene. A ello habrá que añadir el impacto del nuevo modelo de financiación autonómica. Por si fuera poco, ese horizonte va precedido de un año y medio preelectoral que va a provocar mayores tensiones económico financieras (es el periodo de cualquier legislatura de cualquier administración donde se aceleran los gastos), que quedarán al descubierto cuando el ejecutivo que entre en 2019 haga el balance.

La deuda no financiera de la Junta (la que tiene con proveedores y con instituciones por subvenciones o convenios) ha aumentado en 42 millones (15,64%) de agosto a septiembre y a final del tercer trimestre debía 311 millones de euros, que equivale al 0,78% del PIB regional.

Durante la presente legislatura la deuda financiera (créditos) de la Junta de Comunidades se ha incrementado en 1.122 millones hasta alcanzar los 14.260 millones a finales del primer semestre de este año, según datos del Banco de España. Castilla-La Mancha se sitúa como la segunda región más endeudada en relación a su Producto Interior Bruto. En concreto los créditos equivalen al 36,6 por ciento de la riqueza regional. Sólo Valencia, con un 41,8% de su PIB presenta mayor nivel de endeudamiento. El gobierno de García-Page se encontró a su llegada con un endeudamiento del 36,2 por ciento del PIB.

Anda el gobierno regional con dos obsesiones: la mala malísima y el bueno buenísimo. Y, oye, esto se ha convertido en algo patológico. Hasta el punto de que los medios tengamos que poner la información que nos venden vía comunicados y notas oficiales en cuarentena y poda. La poda para desbrozar adjetivos y dejar la información en los hechos. La cuarentena para comprobar si los datos que ofrece son veraces.

Las facturas que el gobierno regional tiene pendientes de pago se dispararon en junio un 48,99% y alcanzaron un volumen de 233,08 millones de euros. Castilla-la Mancha fue la región española en la que más crecieron porcentualmente las facturas pendientes de pago.

El cruce de los últimos datos y proyecciones de los principales servicios de estudios económicos apunta a que las previsiones iniciales que habían realizado sobre Castilla-La Mancha para 2017 se mantienen y la economía regional sufrirá una desaceleración durante este año. Sin embargo, el consejero Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que los datos finales sobre nuestra economía serán mejores que los contemplado en las previsiones que hizo el gobierno a primeros de año y que cifraba el incremento del PIB en un 2,5 por ciento. Según el consejero, el crecimiento final será del 3 por ciento, una décima por debajo del año pasado.