INCARLOPSA

Tiene el gobierno de García-Page la teoría y la práctica de marginar al crítico y al discrepante, ya sea una organización civil, un político rival (incluidos los del propio partido), un activista o un medio de comunicación… Y esa estrategia que antaño podía tener más o menos efectividad ha terminado por abrir brecha contra el propio gobierno y su presidente. Por el contrario, es generoso con el adulador.

En la última reunión de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO-Cuenca, se aprobó una resolución por unanimidad en la que se valoraba la sentencia que había emitido el Alto Tribunal regional (TSJ-CLM) en relación al caso de dos veterinarios, funcionarios de la Junta, a los que se les abrió expediente disciplinario y se les aplicaron sanciones cautelares para “complacer” a una empresa cárnica, tal y como textualmente afirma la sentencia, que anula el expediente y la resolución de la Consejería de Sanidad emitida en su momento.

Ha sido la semana de las personas con discapacidad psíquica. Y ha sido la semana del presidente García-Page y el “falso rumor”, que es como él ha calificado una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a propósito de la persecución que hizo el gobierno a los veterinarios que denunciaron maltrato animal en la empresa Incarlopsa.

Dicen que en los negocios hay mucho de gestión y un poco de suerte. Y en el caso de Incarlopsa uno de esos momentos de suerte le vino dado por el hecho de que el gobierno del presidente García-Page modificara en 2015 los criterios establecidos en la orden de 2009 para acceder a las ayudas de la línea (FOCAL), levantando las restricciones a grandes empresas. El 31 de diciembre de 2016, el gobierno del presidente García-Page concedió a Industrias Cárnicas Loriente Piqueras una subvención de 3.478.658,68 euros y a Secaderos de Almaguer Sociedad Anónima una de 1.274.013,75. Eso las convertía en la segunda y la cuarta compañía más bonificadas de la convocatoria.

El portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, considera que la Ley de Mecenazgo del gobierno que está en tramitación parlamentaria debe ponerse bajo sospecha, a la luz de las informaciones sobre las donaciones de Incarlopsa a la Fundación Impulsa y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, en la que se da amparo a los veterinarios a los que el gobierno del presidente García-Page sancionó por levantar actas sobre posible maltrato animal por parte de la compañía cárnica. Una sentencia en la que la justicia se refiere al proceder de la Administración con términos como manifiesta arbitrariedad, complacencia, actuar al dictado de la empresa, claudicación frente a los deseos de esta o vulneración de derechos de los funcionarios.

Los nuevos datos sobre el maltrato animal en Incarlopsa y la actuación del gobierno regional pone el foco en el ejecutivo del presidente García-Page, que sancionó a dos veterinarios que habían levantado actas contra la empresa Incarlopsa por maltrato animal y mantuvo la sanción hasta que esta fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, mediante una sentencia en la que se llega a afirmar que “la Administración parece haber actuado aquí a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos”.

Según publica el prestigioso diario Economía Digital, “la Junta de Castilla La Mancha ha sido cómplice del maltrato animal que la justicia acaba de acreditar en el matadero de Incarlopsa, el principal proveedor de carne de cerdo de Mercadona”. El gobierno de Emiliano García-Page -según esta información que no ha sido desmentida por el ejecutivo regional- no sólo omitió su deber al ignorar las advertencias de los inspectores veterinarios, sino que aplicó una persecución para sancionarlos y apartarlos de sus puestos de trabajo, tal y como había ordenado la propia empresa cárnica denunciada”. La información es del periodista David Placer y está titulada como “La Junta encubrió el maltrato animal del carnicero de Mercadona”. Uno de los sumarios destaca que “una sentencia acredita que el gobierno manchego acosó a los inspectores que denunciaron maltrato animal por órdenes de la empresa que denunciaban”.