juan alfonso ruiz molina

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará mañana jueves las bases de las convocatorias de los procesos selectivos correspondientes a las ofertas de empleo público de 2021 y 2022 en Administración General, así como a la oferta de estabilización, con un total de 2.332 plazas, lo que la convierte en “la convocatoria más numerosa de la historia” en este sector en la Comunidad Autónoma.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado hoy el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023, que asciende a 12.431,6 millones de euros, con un incremento del 1,3 por ciento y 158,1 millones más que el de 2022, para consolidar la senda de creación de riqueza y empleo, cumpliendo los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha entregado este jueves al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, una copia del Proyecto de Presupuestos Generales de la Junta para 2023, en el tradicional acto que cada año da inicio a la tramitación parlamentaria de las cuentas.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha felicitado hoy a la Guardia Civil, con motivo de la celebración del día de su patrona, la Virgen del Pilar, y ha mostrado su agradecimiento, en nombre del presidente Emiliano García-Page y del Gobierno regional, “por el sacrificio que día a día realizan todos sus miembros”, para garantizar la seguridad y la libertad de la ciudadanía.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha hecho un análisis sobre los procesos de contratación pública en las administraciones, indicando que hay una "sobrerregulación" en los trámites y reclamando una mayor simplificación en los mismos; al tiempo que ha defendido que en el caso de la región la gestión de los contratos sirve, entre otras cosas, para repartir riqueza y luchar contra la despoblación.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dado cuenta de la aprobación del techo de gasto no financiero previsto para el próximo año en la región, cifra a partir de la cual se podrán elaborar los próximos presupuestos, que en el caso de 2023 ascenderá a 7.554,3 millones de euros, 22 menos que en 2022.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha avanzado que el techo de gasto de la Comunidad Autónoma rondará para el próximo año los 7.500 millones de euros, una cuantía que incluirá las subvenciones de carácter finalista y los fondos de recuperación.

La limitación del déficit de las Comunidades Autónomas a un 0,3% del PIB, que reduce la tasa de referencia a la mitad de la establecida para este año, ya ha sido contestada por Castilla-La Mancha, cuyo consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina participa hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El responsable de las finanzas castellanomanchegas ha propuesto que a la hora de fijar esa tasa “haya proporcionalidad en la tasa de referencia, en función de los gastos que venimos asumiendo tanto la Administración del Estado, incluida la Seguridad Social, como las comunidades autónomas".

La nueva Ciudad Administrativa, que contará con un plazo de ejecución de 30 meses y una inversión superior a los 30 millones de euros, será “una de las obras civiles más importantes de Ciudad Real” y dotará a esta ciudad de un nuevo espacio público “moderno, accesible y funcional”, para facilitar la relación de la ciudadanía con la Administración regional.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado las deducciones fiscales de las que se podrán beneficiar hasta 185.000 contribuyentes de la región en la campaña de la declaración de la renta que arranca este miércoles, ahorros que supondrán un total de 43 millones de euros.

En octubre de 2018, el Banco de España encendía las luces rojas “la mayor parte de las Administraciones Públicas continúa presentando todavía, de manera persistente, plazos de pago de sus facturas superiores a los que contempla la ley y advertía de que “un retraso importante en los pagos de las deudas comerciales de un número significativo de administraciones públicas, como sucedió durante la crisis, tendría un elevado efecto sobre la actividad económica”. Ese mismo mes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avisaba sobre la deuda y el riesgo de sostenibilidad financiera y decía: “es muy alto las comunidades de Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana y Región de Murcia, comunidades que actualmente registran un endeudamiento muy elevado (y alejado de porcentaje de referencia legal del 13%), y que, bajo un escenario de política no cambiante, no se reduce significativamente en la próxima década”.