UCLM

Las próximas semanas serán claves para el modelo de la Universidad de Castilla-La Mancha y determinarán cuál será la apuesta de futuro del gobierno regional sobre la institución. El equipo directivo de la institución confía en que a lo largo de 2018 se cierre un acuerdo que permita mejorar la financiación y no tener que llevar a cabo ajustes que afecten a las plantillas y a las becas de los alumnos, tras unos años de infradotación por parte del gobierno.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha aprobado hoy el proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2018 en 219,8 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a la del presente ejercicio. Del total, 191,3 millones corresponden al funcionamiento general de la institución académica, quedando los restantes 28,5 millones financiados por los proyectos de investigación, contratos de innovación y formación continua que sus grupos de investigación han captado de convocatorias competitivas, empresas e instituciones para realizar a lo largo del próximo ejercicio.

Andan haciendo balances de año. Ha sido la semana de ello. Viven en el mundo de la política donde la culpa siempre es del otro y los aciertos son propios. El problema es que, a veces, la realidad es muy tozuda y la situación deja poco margen para el juego maniqueo de buenos y malos. Y la realidad es que la crisis económica recortó los ingresos públicos -los de aquí y los de cualquier institución con independencia del color político que la gobernara- Y que aquí la situación se vio agravada porque no se echó el freno al gasto y como no había dinero se dejaron 4.000 millones de euros sin pagar.

El conflicto tiene su origen, por paradójico que parezca, en una gestión prudente por parte de la Universidad. En 2012, en plena crisis, se produce el relevo en la dirección de la UCLM. El nuevo equipo se encuentra con un remanente de 79 millones de euros que iban a ser destinados al proceso de expansión. Con la contracción de la economía, el nuevo equipo decide utilizar los fondos para el sostenimiento, consciente de que el gobierno de entonces no podía hacer frente a la subvención nominativa anual adecuada a las necesidades de la UCLM.

La Universidad mantendrá hasta el último minuto los esfuerzos para llegar a un acuerdo con el gobierno y evitar que este lleve a cabo la intervención económico-financiera de la institución, según fuentes académicas consultadas por clm21.es. El pleno de las Cortes deberá votar el viernes la redacción definitiva del artículo con el que el Ejecutivo quiere someter a su control la institución académica. Fuentes de la UCLM no descartan que el mismo viernes el rector o miembros de la dirección del claustro acudan al Parlamento en un último intento para tratar de frenar lo que consideran un exceso sin precedentes que conculca el principio de autonomía universitaria.

Los gastos financieros de la Junta de Comunidades se han incrementado más de un 40% en el último año. A finales de noviembre, el gobierno regional ya había hecho frente al pago de 225 millones de euros por este concepto, cuando en la misma fecha del año pasado el desembolso era de 160 millones de euros. Esos fondos están destinados al pago de intereses de los créditos que tiene la Junta y a cubrir los gastos de formalización de los nuevos. Este gasto representa el 3,8% de lo que lleva realizado el gobierno.

Ha empezado a pincharse la falsa ilusión. La crisis con la Universidad -con independencia de los temas domésticos- ha destapado una realidad de la que clm21.es viene advirtiendo: No hay suficiente dinero para la recuperación social. Crece la economía -faltaría más- al hilo de las políticas de estímulos del BCE, de las reformas nacionales y por la adecuada ubicación regional para temas logísticos. Desde el gobierno regional se empuja un poco -cuando se empuja, porque hay mucha voluntad y poca capacidad de gestionar ágilmente los fondos de estímulos regionales-. Pero todavía no hay suficientes ingresos ni entre las familias y empresas (el sector privado), ni en la administración regional (el sector público). Y el gobierno, al igual que las familias, trata de tapar agujeros y de priorizar el gasto. El problema es que el presidente García-Page había generado grandes expectativas, que trata de mantener sobre la base de criticar los cuatro años anteriores, donde no había dinero ni en el sector privado ni en el público. Ni mucho ni poco, sencillamente no había. Lo único que abundaba eran las deudas. Unas deudas con el sector privado (facturas sin pagar) que se pagaron a costa de aumentar la deuda pública.

Miles de estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) se han manifestado este martes para solicitar al Gobierno regional una financiación adecuada para la institución académica. Las marchas se han producido tras los recortes aplicados por el gobierno regional a la financiación de la Universidad, lo que aboca al Consejo de Dirección a aplicar un plan de ajuste con recortes de plantillas, becas y proyectos de investigación. Las cifras de asistentes a las marchas varían según las fuentes. Los organizadores hablan de 10.000 personas, la delegación de gobierno de 4.000.

El sindicato mayoritario en la UCLM, CSIF, ha emitido un comunicado en el que sale al paso de la propuesta del gobierno de vincular la financiación de parte de las nóminas de los empleados de la Universidad a un contrato programa, rechaza el plan de ajuste propuesto por la institución y critica duramente las declaraciones del portavoz del ejecutivo en las que se cuestionaba la existencia de un agujero económico en la Universidad, y las califica de “irresponsables” y de producir “un daño irreversible a la institución académica”.

El recorte de 9 millones de euros por parte del gabinete de García-Page en la financiación de la UCLM en 2017 y la falta de avance en el modelo de financiación de la Universidad a través de un contrato son las dos causas principales que han provocado el choque entre la institución académica y el gobierno regional. A ello se añade el deseo del ejecutivo de controlar la Universidad.