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El gobierno estrangula a las Comunidades Autónomas: Ni devolución del IVA adeudado, ni más financiación
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(Foto: Pool Moncloa // Borja Puig de la Bellacasa)

El gobierno estrangula a las Comunidades Autónomas: Ni devolución del IVA adeudado, ni más financiación

  • El gobierno central busca en el aumento del déficit, una salida a la moderación en la evolución de los ingresos
  • Los ingresos por impuestos crecen en términos homogéneos al 2,1%. En 2018 crecieron al 5,8% y en 2017 al 6,2%

domingo 09 de febrero de 2020, 21:25h
El Consejo de Política Fiscal y Financiera del viernes en el que el gobierno central negó entregar 2.539 millones a las Comunidades Autónomas (136 a Castilla-La Mancha) puso de manifiesto la persistencia de la debilidad de las finanzas públicas del Estado, que precisan del endeudamiento para poder sufragar la política del gasto y las pocas prisas que tiene el gobierno central en abordar el nuevo modelo de financiación por el que las Comunidades Autónomas reclaman 17.000 millones de euros anuales más (entre 1.000 y 1.200 Castilla-La Mancha). Además desde el punto de vista político, el gobierno central trasladó la imagen de un agravio comparativo en el trato a Cataluña con el que dispensa al resto de Comunidades del régimen común.

¿Cuáles son los síntomas de esa debilidad financiera?

Primera: El gobierno central ha disparado su déficit. A finales de noviembre tenía un agujero de 14.500 millones, cuando no podía rebasar los 4.175.Decidió cubrir parte de ese desajuste reteniendo 2.539 millones a las Comunidades, lo que oficialmente dejaba el déficit en 12.000 millones, casi tres veces más de lo permitido.

El nuevo modelo de financiación por el que las Comunidades pretenden 17.000 millones más a costa del gobierno central, se dilata en el tiempo

Segunda: Los informes mensuales de recaudación tributaria elaborados por el Ministerio de Hacienda revelan que los ingresos tributarios homogéneos, crecían a finales de noviembre (últimos datos oficiales) un 2,1%, cifra muy alejada del 5,8% de 2018 o del 6,2% de 2017. En términos de contabilidad nacional los ingresos por impuestos de la administración central y de las Comunidades Autónomas totalizaban 219.440 millones de euros, con un crecimiento del 2%. En el caso de la administración central, los ingresos por impuestos ascendían a 159.499 millones (1,7% de incremento).

Tercera: La caída de ingresos se produce en consonancia con una desaceleración del crecimiento de la economía, que se reflejó en una evolución del PIB en 2019 cuatro décimas por debajo del crecimiento registrado en 2018. Las previsiones oficiales y las de otros organismos e instituciones nacionales e internacionales, señalan que esa desaceleración se mantendrá en 2020, lo que supone una nueva caída de ingresos en las arcas públicas.

Cuarta: El gobierno central vio crecer sus ingresos a un ritmo del 2,1% y ajustó sus gastos haciéndoles crecer un 1,9%. El peor comportamiento de los ingresos hizo que el ajuste no fuese suficiente y que a finales de noviembre el déficit del gobierno central se situase en el 0,96% del PIB (12.000 millones), cuando a final de año no podía rebasar el 0,3% (4.175 millones).

El trato favorable a Cataluña y restrictivo para el resto de Comunidades

Apenas 24 horas antes de que se celebrase el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el presidente Sánchez se había reunido con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. En su “agenda para el reencuentro”, el presidente Sánchez puso sobre las mesa 4.000 millones de inversiones del Estado en Cataluña.

En los días previos un consejero de Hacienda de una comunidad autónoma socialista había indicado que estarían vigilantes hacia el trato con Cataluña, segunda región tras Andalucía a la que más dinero se adeudaba por la retención del IVA. Y había advertido que se podría dar una compensación de ese IVA vía inversiones del Estado.

El mismo jueves de la reunión Sánchez-Torra, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, citaba para el viernes por la tarde a los responsables de las finanzas autonómicas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para tratar de poner calma en la revuelta autonómica.

Cataluña deja caer que no asistirá a la reunión y que ella sólo negocia bilateralmente con el Estado Español. La decisión cae como un mazazo en el gobierno central, quien se muestra confiado en que finalmente habrá presencia la Comunidad. Efectivamente, el consejero de Hacienda de y presidente del Consejo Nacional de Esquerra Republicana, Pere Aragonés se aviene a las presiones y decide que asista un alto cargo de segundo nivel de su departamento, cuando lo normal era que hubiese sido él el que estuviera presente en el CPFF.

En la reunión, el gobierno central traslada varias medidas. La primera, que se queda con los 2.539 millones y no librará a las Comunidades Autónomas el dinero que les adeuda por la liquidación de IVA. La segunda, que no tendrá en cuenta a efectos de establecer el déficit de cada Comunidad en 2019 un gasto equivalente a ese IVA. Tercera, que concederá a las Comunidades un crédito por el valor de ese IVA que deberán devolver, aunque sin intereses.

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra comunica que el gobierno cambia la senda de déficit y que en 2020 las regiones no tendrán que tener equilibrio presupuestario. El gobierno va a permitir a las regiones tener un déficit del 0,2% del PIB este año y del 0,1% el que viene. Es algo bien acogido por las regiones con gobierno socialista, que desvinculan la medida de sus derechos sobre el IVA. Una propuesta similar se había hecho para el ejercicio 2019 y llegó incluso a estar aprobada por el Consejo de Ministros, pero fue tumbada en diciembre de 2018 en el Senado por la mayoría del Partido Popular, lo que dejó en vigor la senda aprobada en 2017.

La nueva senda que quiere el gobierno para 2020 está garantizada en su tramitación interna, pero necesita un visto bueno de Bruselas. Los nuevos objetivos de déficit que pretende el gobierno no sólo afectan a las Comunidades Autónomas. Los últimos objetivos aprobados por las Cortes en 2017 situaban el objetivo de déficit de todas las administraciones públicas españolas en su conjunto en el 0,5 % del PIB este año y superávit del 0,1 % del PIB en 2021. El gobierno pretende negociar con Bruselas un déficit del 1,7 % del PIB en 2020, del 0,4 % en 2021 y alcanzar el equilibrio presupuestario en 2022.

La postura del gobierno central es clara. El gobierno carece de recursos suficientes para llevar a cabo sus políticas. En cartera tiene subir la presión fiscal que le permita aumentar el gasto. Pero esa subida no puede ser inmediata. Son precisos unos presupuestos y unas modificaciones de las leyes de Hacienda que permitan nuevas figuras fiscales y el incremento de algunas de las existentes. Pero la entrada en vigor de esas modificaciones no es de hoy para mañana. El año corre y el déficit lo hace en paralelo agravado por el freno en la recaudación. La solución: que Bruselas le aumente la capacidad de déficit y de endeudamiento. Además no está asegurado que la nueva política fiscal se traduzca en el aumento de ingresos deseados.

En ese escenario, el gobierno da largas a las Comunidades sobre la negociación y aprobación del nuevo modelo de financiación. El viernes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el gobierno incluyó la información sobre el documento de valoración del SFA del Comité Técnico Permanente de Evaluación del nuevo modelo de financiación. Y ahí quedó todo.

Cuando la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era responsable de las finanzas de Andalucía reclamaba con urgencia un nuevo modelo de financiación, en el que las regiones recibieran 17.000 millones de euros que en ese momento administraba y gestionaba el gobierno central. Era un punto en el que estaban de acuerdo todas las regiones, que luego discrepaban en los criterios el reparto de la tarta. De eso hace poco menos de dos años. Ahora la situación ha cambiado. Ella está al frente de las cuentas del Ministerio, que presentan un déficit real de 14.500 millones de euros, lo que hace inviable transferir a las Comunidades 17.000 millones de euros más. De hecho ha hecho inviable darles el dinero del IVA que les debía 2.539 millones de euros, como para plantearse un nuevo modelo de financiación que recorte al gobierno central sus gastos propios en 17.000 millones, que equivalen a casi la totalidad del gasto social propio de la administración central, que en noviembre era de 18.000 millones y que comprende su parte en el coste de la dependencia o la sanidad de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla.

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