IVA

Caída de ventas, de la inversión y de la recaudación fiscal. Son las tres consecuencias del impacto de la pandemia en el sector de la automoción. Según el informe anual de la patronal ANFAC, la facturación alcanzó los 59.987 millones de euros, lo que supone una reducción del 12,8% de los ingresos obtenidos el año anterior.

El sector de la imagen personal ha mostrado su indignación y malestar por el veto ejercido por la presidenta del Senado, a instancias del Gobierno, declarando la nulidad del sufragio de la enmienda que bajaba el IVA del 21% al 10% a peluquerías, barberías y centros de estética a partir del 1 de enero de 2022, y no incluyéndola finalmente, en el texto de la Ley Antifraude que debe votarse este miércoles en el Congreso, siendo la primera vez que se anula una votación por esta vía en esta legislatura, según ha informado la Alianza por la bajada del IVA al 10% a peluquerías y Estética en un comunicado.

La rebaja del IVA de la luz adelanta un nuevo conflicto entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno por una cesta de 425 millones de euros, de los que casi 18 corresponderían a Castilla-La Mancha. Ese conflicto tiene su origen en la Ley de Financiación Autonómica en vigor desde 2009 por la que, en el caso de que el gobierno decida rebajar los impuestos que forman parte de la financiación autonómica, deberá valorar esa reducción y compensar a las regiones. Las Comunidades Autónomas reciben el 50% de todo el IVA recaudado, que se distribuye entre ellas en función de unos porcentajes de participación, que en el caso de Castilla-la Mancha suele estar ligeramente por encima del 4%.

A finales de enero de 2020, el presidente García-Page avisaba al Ministerio. “O nos ingresa la última mensualidad de IVA de 2019 o recurriremos a los tribunales”. En total eran 136 millones de euros. El gobierno central había disparado su déficit en su primer año de mandato tras la moción de censura contra Rajoy y las cuentas que tenía que presentar a Bruselas no eran buenas. Por ello arañó a las Comunidades ese dinero que en el mejor de los casos no baja de 2.539 millones de euros, aunque algunos elevan la cantidad hasta los 4.750 millones. Las regiones más afectadas eran Andalucía (537millones) y Cataluña (433 millones). Para ello se valió del cambio normativo aplicado en 2017 a las liquidaciones de IVA. Buena parte de las regiones españolas llevaron el caso a los tribunales. Y hoy se ha conocido que Castilla y León ha ganado su pleito y el gobierno central deberá entregar los 182 millones reclamados, tras el pronunciamiento del tribunal Supremo