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Fuerte varapalo judicial a la política de comunicación del gobierno regional del presidente García-Page y a los directores generales de Comunicación y de Promoción Institucional por el uso de los medios públicos para hacer publicidad en beneficio del gobierno y de su presidente en contraposición al interés general. En una sentencia, el Tribunal Superior de Justicia falla “contra la actuación material constitutiva de vía de hecho consistente en la publicación institucional reiterada, bajo la cuenta oficial de Twitter del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con el perfil @gobjccm, de tuiters cuyo contenido de logros se atribuye personalmente a D. Emiliano García Page, con la utilización del hashtag#PAGECUMPLE”. El fallo determina que no son conforme a derecho estas actuaciones y ordena el cese inmediato.

Anda el gobierno del presidente García-Page con la tesorería rota, con las finanzas públicas que no logran entrar en vereda y con la economía regional con los peores resultados de la legislatura, que tiene su reflejo más preocupante en el incremento del paro del 12% en los últimos seis meses, señal de la pronunciada desaceleración económica registrada en nuestra Comunidad. A menos de un año de las elecciones, la situación se ha complicado mucho y el Ejecutivo pretende que no trascienda, que la comunicación arregle y tape ese deterioro.

A finales de febrero el déficit de Castilla-La Mancha era el segundo mayor de España. Con 93 millones de euros, un 0,22% del PIB, superaba la mitad del límite establecido para todo el año, que es del 0,4%. El dato, muy elevado, ha sorprendido porque el saldo presupuestario era de superávit de 53,3 millones, que tras aplicarse los criterios de contabilidad nacional por la Intervención del Estado se ha convertido en un déficit de 93 millones, lo que indica un deterioro subyacente de las cuentas públicas que permanecía invisible en los documentos oficiales de ejecución presupuestaria. Ese deterioro se debería a la elevada deuda que tiene con acreedores y que no ha sido aplicada al documento presupuestario.

Liberbank vuelve a los beneficios en el primer trimestre del año, pero reduce el resultado en comparación al mismo periodo del año pasado. Por su parte a la Caja Rural le pesa mucho el apellido de Castilla-La Mancha y lo borra de su denominación social. Hubo un tiempo de oportunismo que le fue útil para tratar de presentarse como la entidad de la región. Ahora Castilla-La Mancha le pesa.

Los medicamentos y los hemoderivados se comieron el 35% del dinero del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha durante el primer trimestre del año, con un incremento del 11,68% respecto al gasto registrado en igual periodo del año pasado. Este aumento contrasta con la ralentización de los fondos destinados al pago de personal de sustituciones y de refuerzo en los centros médicos y hospitalarios, a pesar de que la epidemia de gripe ha sido inusualmente larga esta campaña y ha prorrogado sus flecos hasta entrado marzo.

Cada vez son más los cotos que algunos medios tratan de poner a las “fakes news” y a la propaganda política oficial. Esta misma semana El Confidencial ha conseguido que el Consejo de Transparencia nacional obligue a un ministro a que pruebe sus afirmaciones. Y es que hay organismos oficiales que confunden información con propaganda, algo que en el caso del gobierno regional se da cada vez más. El último ejemplo ha sido a propósito de las exportaciones durante el mes de febrero. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, emitió una nota informativa en la que señalaba que “Castilla-La Mancha registra el mejor dato de exportaciones de la serie histórica para un mes de febrero y el segundo mejor de arranque de año”.

A finales de marzo el gobierno regional había autorizado y comprometido con las clínicas privadas 5,60 millones de euros en procedimientos quirúrgicos generales, cuando el gasto aprobado por las Cortes regionales para este tipo de operaciones para todo 2018 es de 3,95 millones, cifra que fue propuesta por el propio Ejecutivo.

El gobierno de Castilla-La Mancha y los sindicatos no han cerrado hasta la fecha en la mesa sectorial de Sanidad el acuerdo de formalización de ofertas públicas de empleo (OPE) de periodicidad anual en la Sanidad regional. Castilla-la Mancha es una de las cinco regiones españolas cuyos servicios de salud no tienen pactado con los sindicatos la periodicidad para las OPE.

Según señalan los datos recogidos por el observatorio de la dependencia del IMSERSO, en Castilla-La Mancha se han dictado en total 78.754 resoluciones desde que existen registros, pero a día de hoy aún quedan 6.446 solicitudes de dependencia en lista de espera para ser evaluados (165 más que en febrero), a las que hay que sumar 9.556 personas en el conocido como “limbo de la dependencia”, dependientes con derecho a prestación reconocido pero que todavía no la reciben.