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Los nuevos datos sobre el maltrato animal en Incarlopsa y la actuación del gobierno regional pone el foco en el ejecutivo del presidente García-Page, que sancionó a dos veterinarios que habían levantado actas contra la empresa Incarlopsa por maltrato animal y mantuvo la sanción hasta que esta fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, mediante una sentencia en la que se llega a afirmar que “la Administración parece haber actuado aquí a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos”.

2017 fue un mal año para los proveedores de la Junta de Comunidades, especialmente para los sanitarios, que vieron incrementar las cuantías que les adeuda el gobierno regional. Los nuevos datos oficiales sobre la deuda comercial que el gobierno regional mantenía con sus proveedores revelan que el total de facturas pendientes de pago creció en Castilla-La Mancha durante 2017 un 13,63%. El Conjunto de las administraciones autonómicas, en cambio logró reducir la cuantía de facturas sin pagar en un 15,56%.

Según publica el prestigioso diario Economía Digital, “la Junta de Castilla La Mancha ha sido cómplice del maltrato animal que la justicia acaba de acreditar en el matadero de Incarlopsa, el principal proveedor de carne de cerdo de Mercadona”. El gobierno de Emiliano García-Page -según esta información que no ha sido desmentida por el ejecutivo regional- no sólo omitió su deber al ignorar las advertencias de los inspectores veterinarios, sino que aplicó una persecución para sancionarlos y apartarlos de sus puestos de trabajo, tal y como había ordenado la propia empresa cárnica denunciada”. La información es del periodista David Placer y está titulada como “La Junta encubrió el maltrato animal del carnicero de Mercadona”. Uno de los sumarios destaca que “una sentencia acredita que el gobierno manchego acosó a los inspectores que denunciaron maltrato animal por órdenes de la empresa que denunciaban”.

El SESCAM trata de luchar contra las estadísticas que sitúan a la sanidad regional como la segunda peor de España. Y lo hace en los quirófanos y en los despachos. Si en 2016 sacó de la lista a la cirugía menor, antes de finalizar 2017 el año procedió a realizar una gran purga de la lista quirúrgica, a sabiendas de que esos datos serían los que contabilizarían en el próximo informe estatal sobre la situación del Sistema Nacional de Salud, que elabora el Ministerio semestralmente, con los datos que le vuelcan obligatoriamente las Comunidades Autónomas. Una vez facilitados los datos al Ministerio para el informe de diciembre de 2017, las listas han vuelto al rally alcista y ya acumulan 1.556 pacientes más en los dos primeros meses del año. En febrero la lista volvió a crecer en 466 personas, en una tendencia contraria a otros meses de febrero, como el de 2016 donde el número de pacientes en lista se redujo.

Anda el equipo de Hacienda del gobierno regional en apagón informativo. Trabajan en eso de preparar lo del déficit para enviar al Ministerio y que este lo envíe a Bruselas, y en lo de los datos de la deuda comercial, la de facturas sin pagar… que el lunes habrá noticia. La última salida fue para arrear a la Universidad. Por callar hasta no responden si nuestra Comunidad irá abandonando el paraguas del Ministerio que, según dicen tan mal les trata, para salir a los mercados a tratar de captar la financiación necesaria para cuadrar las cuentas vía emisión de deuda o de crédito y depender cada vez menos del Fondo de Liquidez Autonómica.

En enero del pasado año el secretario regional de Podemos, José García Molina, presentó ante los medios el Plan Podemos, un ambicioso programa destinado a servir de base para el Plan de Garantías Ciudadanas, entre cuyas medidas estrella destacaba la garantía habitacional: “nadie sin casa”. Casi siete meses después de la entrada de Podemos en el gobierno regional (julio de 2017) y de la puesta en marcha del Plan de Garantías Ciudadanas, que cuenta con una consejera encargada únicamente de su gestión, el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señala que en el último año se produjeron en Castilla-La Mancha 2.420 lanzamientos, desalojos forzosos de los ocupantes de un inmueble. De ellos, 1.005 desalojos (el 41,53%) se produjeron en el segundo semestre, entre julio y diciembre de 2017.

Durante su comparecencia para presentar el programa de gobierno “Estrategia 9/19”, el secretario general de Podemos, José García Molina, ha rehusado pronunciarse sobre si será nuevamente el candidato de su formación a la presidencia de la Junta de Comunidades en las elecciones del próximo año: “Ni me lo he planteado ni me lo planteo en estos momentos”.

El secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, ha presentado el trazo grueso de su programa electoral y de gobierno para Castilla-La Mancha bajo la denominación estrategia 9/19. Un proyecto que contempla nueve medidas orientadas, como ha señalado, “al desarrollo económico y social de la Comunidad”. Las principales líneas están dirigidas a colectivos concretos, como mujeres con pensiones mínimas de viudedad, estudiantes universitarios, autónomos y pensionistas en general. Aunque no ha facilitado la ficha financiera de este programa, los cálculos de las medidas propuestas sobrepasan el coste de 1.000 millones de euros anuales y van desde un complemento regional para igualar la pensión de viudedad al salario mínimo, hasta subvencionar la cuota a todos los autónomos, la matrícula universitaria gratuita o eliminar el copago farmacéutico para pensionistas, la entrada gratuita a museos, el bono social de telefonía e internet o incentivar la visita de residentes a Castilla-La Mancha mediante un programa que ha denominado de “invitación a conocer Castilla-La Mancha”.