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Este año los ciudadanos podrán conocer si el profesional sanitario que le atiende puede ejercer la medicina en España y si la actividad que realiza es acorde con su titulación o especialidad. Ello será posible a partir del 23 de diciembre, cuando esté en marcha el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS).

Castilla-La Mancha fue en noviembre la segunda región española con mayor déficit, con un 0,43% de su PIB. Sólo Murcia presentó unas cuentas menos saneadas, con unas necesidades de financiación equivalente al 1,04% de su Producto Interior Bruto. El conjunto del sector autonómico presentó por cuarto mes consecutivo unas cuentas en superávit, en este caso del 0,11%. Durante los once primeros meses del año, el gobierno regional del presidente García-Page mantuvo las finanzas públicas siempre en déficit. Las Comunidades no podían tener unas necesidades de financiación que rebasaran a final de 2017 el 0,6% del PIB.

Algunos especialistas médicos no son especialistas. Las listas de espera caen en los meses en los que menos operaciones hay porque se da de baja a los pacientes por el artículo 33, es decir sin operar. No se pagan algunos complementos al personal sanitario. Aumenta el gasto en derivaciones a la sanidad privada. Las obras de urgencias del hospital de Toledo van ya por la quinta o la sexta adjudicataria y siguen sin hacer. Las guardias médicas se pagan por debajo de otras regiones. Se descubre que el gobierno de García-Page se plantea poner por encima de los altos funcionarios a personal de alta dirección nombrado por decreto (a dedo) cargándose la carrera profesional de la función pública y el socialismo oficial lo justifica diciendo que eso ya existe y para ilustrar pone como ejemplo a los directores de algunas gerencias hospitalarias.

El nuevo escenario de negociación sobre la subida salarial de los empleados públicos para 2018 tendrá su impacto en las cuentas públicas del Gobierno regional. Según trascendió tras la reunión celebrada ayer entre el presidente de CSIF, Miguel Borra, y el ministro de Hacienda, el gobierno ha ofrecido una subida salarial entre el 5,25 y el 8 por ciento en tres años, con una parte vinculada al PIB. Inicialmente el tramo fijo estaría en el 1,5% para 2018, 1,75% para 2019 y el 2% para 2020.

Los datos oficiales hechos públicos, señalan que a finales de noviembre, las Comunidades Autónomas en su conjunto habían recaudado el 88,13% de los ingresos previstos para todo el año. En el caso de Castilla-La Mancha ese porcentaje se queda reducido al 85,33%. La mejor recaudación es la causa que explica que el conjunto del estado autonómico mantenga una mejor situación financiera que Castilla-La Mancha.

La deuda del gobierno regional con sus proveedores se incrementó en un año en el 32,47%, según el informe de “Plazo a proveedores y deuda comercial de las Comunidades autónomas” de noviembre de 2017. En concreto, la Junta debía a sus proveedores 236 millones de euros 58 más que en el mismo mes de 2016. El gobierno debía otros 138 millones de euros a beneficiarios de subvenciones o convenios. En total, a falta de un mes para terminar el año, el gobierno tenía una deuda no financiera de 374,28 millones de euros.

Encarecimiento de la financiación, mayor compromiso de gasto público, imposibilidad de incurrir en déficit, caída del crecimiento económico, obligación de reducción de la deuda viva, mayor inflación y un escenario adverso de política monetaria es un cóctel que anticipa un escenario complejo en el horizonte de dos años para el gobierno autonómico que salga de las urnas el año que viene. A ello habrá que añadir el impacto del nuevo modelo de financiación autonómica. Por si fuera poco, ese horizonte va precedido de un año y medio preelectoral que va a provocar mayores tensiones económico financieras (es el periodo de cualquier legislatura de cualquier administración donde se aceleran los gastos), que quedarán al descubierto cuando el ejecutivo que entre en 2019 haga el balance.

El cambio del Banco Central Europeo hacia una política monetaria más restrictiva no se dejará sentir sobre la economía regional hasta la próxima legislatura. A partir de este mismo mes el regulador europeo reduce a la mitad el Programa de Compra de Activos. Mediante este programa puesto en marcha en 2015, el BCE ha venido comprando a razón de 60.000 millones de euros mensuales de deuda pública, valores emitidos por instituciones europeas supranacionales, bonos corporativos, bonos de titulación de activos y bonos garantizados.

Las próximas semanas serán claves para el modelo de la Universidad de Castilla-La Mancha y determinarán cuál será la apuesta de futuro del gobierno regional sobre la institución. El equipo directivo de la institución confía en que a lo largo de 2018 se cierre un acuerdo que permita mejorar la financiación y no tener que llevar a cabo ajustes que afecten a las plantillas y a las becas de los alumnos, tras unos años de infradotación por parte del gobierno.