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La Junta ingresó 318 millones de euros por sus impuestos durante 2016, año en el que el gobierno llevó a cabo una reforma impositiva que aumentó la presión fiscal en esos impuestos. Esa cuantía es la menor de los últimos cuatro años, antes de que el gobierno del presidente García-Page aprobase ese endurecimiento de la política fiscal autonómica. Un año antes, la recaudación fue superior en 12 millones, el 3,8%.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el PIB de Castilla-La Mancha habría crecido en el tercer trimestre un 0,7%, una décima por debajo de la media nacional. Este aumento dejaría el incremento interanual del PIB de nuestra Comunidad en el 2,3%, ocho décimas por debajo del conjunto de España, que mantiene un crecimiento desde octubre de 2016 hasta septiembre de 2017, del 3,1%. Castilla-La Mancha sería, según el cuadro de la AIReF, la segunda comunidad con menor crecimiento en tasa interanual, sólo por delante de Extremadura, cuyo índice crece el 2%.

De mantenerse el actual ritmo de tramitación de solicitudes de la dependencia, la administración regional tardaría 12 años en dictaminar los expedientes de prestaciones por dependencias que tiene acumulados. Durante el mes de septiembre, la Consejería de Bienestar Social resolvió 198 expediente, pero a esas salidas se contraponen, 160 entradas nuevas, con lo que el saldo de expedientes netos resueltos se sitúa en 38. A finales del tercer trimestre, el gobierno regional tenía una montaña de 5.651 expedientes pendientes.

El informe del Estado sobre los presupuestos de todas las Comunidades Autónomas revela que el de Castilla-La Mancha está entre los tres que prevén mayor déficit presupuestario, el 1 %, solo por detrás del Aragón (1,2%) y Extremadura (1,1%). La media autonómica es del 0,6%.

Anda el gobierno regional preparando el asalto a la Universidad y el presidente el asalto a Bruselas. Quiere el gobierno controlar la Universidad y el presidente hacerse un hueco en la lista al Parlamento Europeo. García-Page se ha traído a Toledo al eurodiputado Sergio Gutiérrez como secretario de organización del PSOE-PSCM para que se dedique en cuerpo y alma al partido en Castilla-La Mancha, dice que en ello va en juego las elecciones autonómicas de 2019, que coincide con las europeas. Y si Pedro Sánchez quiere o las encuestas no dan la mayoría, García-Page ya tiene un hueco en la lista al Parlamento Europeo. Ese es el aspecto más destacado -el no escrito- en el congreso regional del PSOE-PSCM, donde otra de las cuestiones de interés ha sido el paso atrás dado por el actual motor del socialismo regional, el presidente de las Cortes Jesús Fernández Vaquero.

Las comunidades autónomas cerraron agosto con una capacidad de financiación de 1.366 millones de euros, lo que sitúa el superávit autonómico en el 0,12 por ciento del PIB. Sólo seis regiones presentan déficit, entre ellas Castilla-La Mancha, que tenía unas necesidades de financiación de 67 millones de euros, el 0,17 por ciento del PIB (39.830 millones de euros). Sólo Murcia, con un 0,63% y Extremadura, con el 0,26% presentan mayor déficit que la Junta de Comunidades.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en su “Informe sobre las líneas fundamentales de presupuestos de 2018 de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha” advierte que dado el endeudamiento regional “existen riesgos muy altos para la sostenibilidad financiera” de nuestra Comunidad.

El recorte de fondos que el gobierno regional aplica a la Universidad, con una dotación presupuestaria que no llega para cubrir las nóminas del personal de la Institución, ha provocado una dura respuesta del sindicato CSIF, que denuncia que “los Presupuestos de la Junta de Comunidades ningunean a la UCLM y ponen en peligro la estabilidad y el crecimiento de las plantillas de profesores y personal de administración y servicios”.
CSIF ha anunciado que estudiará movilizaciones si las nóminas corrieran peligro y persistiera la infrafinanciación económica del gobierno de García-Page a la UCLM.

Si en 2017 el aumento del presupuesto de la Junta de Comunidades fue de 521 millones de euros, el 6,2% respecto a 2016, para 2018, el incremento es de tan solo 278,1 millones de euros, el 3,1 por ciento. Los expertos consultados por clm21.es ponen el acento en este carácter moderado del crecimiento presupuestario, que no se corresponde con el propio crecimiento económico previsto por el gobierno regional.

El gobierno regional confía en que sea el Ministerio de Hacienda el que financie el incremento del gasto de la Junta de Comunidades el año que viene en 278,1 millones de euros. El gabinete de García-Page tiene previsto gastar un 3,1 por ciento más que en 2017, sin embargo, en el capítulo de ingresos tiene previsto reducir las aportaciones de la propia Comunidad Autónoma, tanto a través de los impuestos propios como de tasas e ingresos patrimoniales.

Lo del gobierno, más que de sonrisas y lágrimas es de alegrías y enojos. Y el enojo de esta semana lo ha vuelto a provocar el vicepresidente segundo, José García Molina, que convocó a los periodistas para hablar de presupuestos en la sede de la Vicepresidencia a la misma hora en la que el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, todavía presentaba los presupuestos en la sede de la Presidencia. Y claro, a la rueda de prensa de Ruiz Molina convocaron los servicios de prensa del gobierno. A lo de José García Molina, los servicios de prensa de Podemos.

Descontadas las nóminas de los empleados públicos, uno de cada tres euros del gasto corriente de la administración regional durante los dos primeros cuatrimestres del año se destinó al pago de productos farmacéuticos y de material sanitario fungible. En concreto la factura se disparó hasta los 629,18 millones de euros, de los que 333,48 se destinaron a las farmacias, 162,09 a medicamentos en los hospitales y 133,6 a compra de material no inventariable (de laboratorio, de radiología, pequeño utillaje). La tasa anual de crecimiento se situó en el 2,1 por ciento.

Según informa la Asociación Agraria Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real, “en torno a 15.000 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha no han percibido el anticipo del 70% de la Política Agraria Común (PAC)”