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Castilla-La Mancha está en el grupo de las cinco regiones españolas con las fianzas anuales menos saneadas y que presentan déficit entre sus ingresos y gastos no financieros al final del tercer trimestre del año.

Los últimos informes de los servicios económicos (BBVA y Funcas) coinciden en que la economía de Castilla-La Mancha está en proceso de desaceleración, que se dejará sentir especialmente a partir de 2018 y que esta desaceleración afectará al ritmo de creación de empleo. La discrepancia entre unos informes y otros está en si la desaceleración será mayor o menor que en el conjunto de España.

Ha empezado a pincharse la falsa ilusión. La crisis con la Universidad -con independencia de los temas domésticos- ha destapado una realidad de la que clm21.es viene advirtiendo: No hay suficiente dinero para la recuperación social. Crece la economía -faltaría más- al hilo de las políticas de estímulos del BCE, de las reformas nacionales y por la adecuada ubicación regional para temas logísticos. Desde el gobierno regional se empuja un poco -cuando se empuja, porque hay mucha voluntad y poca capacidad de gestionar ágilmente los fondos de estímulos regionales-. Pero todavía no hay suficientes ingresos ni entre las familias y empresas (el sector privado), ni en la administración regional (el sector público). Y el gobierno, al igual que las familias, trata de tapar agujeros y de priorizar el gasto. El problema es que el presidente García-Page había generado grandes expectativas, que trata de mantener sobre la base de criticar los cuatro años anteriores, donde no había dinero ni en el sector privado ni en el público. Ni mucho ni poco, sencillamente no había. Lo único que abundaba eran las deudas. Unas deudas con el sector privado (facturas sin pagar) que se pagaron a costa de aumentar la deuda pública.

A final del tercer trimestre del año, los datos de la gestión económica por parte de las Comunidades Autónomas españolas presentan un saldo del presupuesto público de superávit no financiero en 3.600 millones de euros. En el caso de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades cerró el periodo con déficit de 76 millones de euros.

La deuda no financiera de la Junta (la que tiene con proveedores y con instituciones por subvenciones o convenios) ha aumentado en 42 millones (15,64%) de agosto a septiembre y a final del tercer trimestre debía 311 millones de euros, que equivale al 0,78% del PIB regional.

El gobierno del presidente García-Page ha intensificado las derivaciones a la sanidad privada sobrepasando en un 11,25% el gasto aprobado por las Cortes, al tiempo que mantiene a un ritmo lento las inversiones en centros hospitalarios propios y en la renovación y modernización de equipos tecnológicos de diagnosis y tratamiento, así como la contratación de personal sanitario de refuerzo. En concreto, en las obras de nuevos centros se ha gastado tan sólo el 35,4% y en los nuevos equipos tecnológicos el 29,27%. Para reforzar las plantillas todavía tiene un 42% de los fondos consignados. En el caso de los médicos esa cifra llega al 55%.

A falta de dos meses para finalizar el año el gobierno regional tenía sin gastar 4 de cada 10 euros del Plan de Garantías Ciudadanas que contempla una serie de medidas integrales y de urgencia contra la pobreza. Este programa afecta a cuatro consejerías: Fomento, Educación, Economía y Bienestar Social, y al Instituto de la Mujer. Todos estos departamentos están coordinados por una consejera cuya única misión es la de organizar y armonizar su desarrollo.

Durante el último año han salido del sistema de protección de la dependencia de Castilla-La Mancha 1.342 personas. Los datos oficiales revelan que, en la actualidad, la Junta de Comunidades tiene reconocidos a 63.243 dependientes con derecho a ser atendidos por el sistema público, frente a los 64.585 que había hace un año. Además de esos 63.243 castellano-manchegos con derechos a los servicios públicos de atención, 12.310 no reciben ningún tipo de prestación y están en lista de espera.

A finales de octubre la Junta de Comunidades presentaba un saldo presupuestario no financiero de 53,73 millones de euros. Este déficit tiene su origen en que, mientras el gobierno ha ingresado por impuestos, tasas y transferencias 5.336,79 millones de euros, ha gastado 5.390,25%.

El recorte de 9 millones de euros por parte del gabinete de García-Page en la financiación de la UCLM en 2017 y la falta de avance en el modelo de financiación de la Universidad a través de un contrato son las dos causas principales que han provocado el choque entre la institución académica y el gobierno regional. A ello se añade el deseo del ejecutivo de controlar la Universidad.

Tanto con el retorno del talento y van y se cargan la fábrica del talento. Tal vez no se hayan dado cuenta porque están en la soberbia del poder, pero lo de los recortes a la Universidad y la espiral de agresión ha abierto la puerta a la protesta. Y tras el primer colectivo, vienen los siguientes. Es de libro. Pueden enredarse en intentar lanzar sospechas sobre la persona del rector. Si piensan que esa es la vía ya pueden ir haciendo las maletas porque no entienden nada. La política no está hecha para matones de barrio.

Reagan, que fue un actor metido a presidente del primer país del mundo, dijo aquello de que “algunos dicen que el trabajo duro no ha matado a nadie, pero yo digo ¿Por qué arriesgarse?” Y parece que esa máxima ha creado escuela entre algunos altos cargos de Castilla-La Mancha. Cuando se hace la otra lectura de los presupuestos, se ve que los hay agraciados con trabajos cómodos y hay altos cargos que penan con “los marrones” del gobierno. Y -en principio- todos cobran lo mismo. Bueno lo de todos es la regla, porque los altos cargos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo -que dirige Franco- están discriminados respecto a los directores generales y viceconsejeros de otros departamentos del gobierno del presidente García-Page.

“Yo no pago las facturas de Barreda”. Fueron las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page cuando conoció la delicada situación financiera de la Universidad. Se refería al coste de la puesta en marcha del grado de medicina en Ciudad Real, el de arquitectura en Toledo, el de periodismo en Cuenca, el de farmacia en Albacete y el de enfermería en Talavera; gastos que se quedaron sin pagar en unos casos y sin incluir en la subvención nominativa del ejecutivo a la UCLM, en otros.

Gobierno y centrales sindicales mantienen las negociaciones de cara a la firma de un pacto para la ordenación de los interinos de Educación. Las principales centrales sindicales y organizaciones profesionales discrepan en torno al documento elaborado por el ejecutivo que les fue presentado en la reunión del pasado día 10, y de cuyo contenido el gobierno no dio información a los medios de comunicación.