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Más dinero para la sanidad privada, fondos sin gastar en la contratación de personal de refuerzo en la sanidad pública y un ritmo lento en la renovación tecnológica de los hospitales y en las obras en nuevos centros hospitalarios. Los números oficiales del propio Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), la ejecución del presupuesto a la que ha accedido clm21.es, revelan que el ejecutivo de coalición de las dos formaciones de izquierda está haciendo lo contrario de lo que anuncia y promueve. A 30 de septiembre, el gobierno del presidente García-Page ha tenido que dotar de dinero adicional las partidas destinadas a los tratamientos terapéuticos en clínicas privadas y para intervenciones quirúrgicas en la sanidad privada, una vez que había superado los fondos aprobado por las Cortes. Ese aumento de fondos destinados a la sanidad privada coincide con una congelación de las contrataciones de médicos para sustituciones y refuerzos, también de enfermeras, de personal técnico y de auxiliares en los hospitales públicos. La sanidad pública presentó en septiembre las peores listas de espera quirúrgica de la legislatura, con casi 38.000 pacientes y habiendo generado un déficit estructural en la atención a los ciudadanos. La lista ha aumentado en más de 4.000 personas en verano. Las nuevas incorporaciones a la lista de espera se hacen con cita a más de seis meses vista.

El gobierno regional mantiene sin gestionar (en ejecución cero) seis de las trece actuaciones del Plan Integral de Garantías Ciudadanas (PIGC), contempladas como acciones de emergencia. El Plan, creado a iniciativa de Podemos e incorporado a los presupuestos de 2016 y 2017 es supervisado por Inmaculada Herranz, consejera “Encargada de la coordinación del Plan”, que junto a José García Molina son los dos miembros de la formación morada en el ejecutivo de coalición de las formaciones de izquierda que preside Emiliano García-Page.

El Observatorio de la dependencia de la Fundación Española de Economía Aplicada del mes de octubre sostiene que el actual sistema “se podría calificar como dependencia low cost. Si no queremos un sistema de dependencia de bajo coste y baja calidad debemos incidir sobre el rediseño del sistema sobre bases más sólidas, con reglas más claras y transparentes, con una financiación y fuentes de financiación predefinidas, donde ciudadanos y profesionales sean plenamente conscientes de sus deberes y derechos”, concluye el informe elaborado por Sergi Jiménez-Martín de la Universidad Pompeu Fabra y Analía Viola de FEDEA.

Las listas de espera quirúrgica se han convertido en el principal problema de la sanidad regional. Mes tras mes crece el número de pacientes que aguarda una operación, se disparan los plazos medios de espera y el número de pacientes que superan los plazos máximos de garantías sanitarias no dejan de aumentar. En septiembre, la lista negra de la sanidad regional volvió a aumentar en todos sus ratios. Son ya casi 38.000 (37.982 cifra oficial) los castellano-manchegos que aguardan ser llamados para pasar por el quirófano y que se cumpla así la prescripción médica. De ellos casi 15.500 (15.483 cifra oficial), saben que su espera superará los seis meses, que es el plazo máximo que la legislación nacional de salud establece para operaciones más complicadas. Son los peores datos desde que el gobierno actual se hizo cargo de la sanidad.

Castilla-La Mancha depende cada vez más del Fondo de Liquidez Autonómica del Estado (FLA) para poder financiarse. En la actual legislatura, Castilla-La Mancha ha ido incrementado sus necesidades de financiación a través de préstamos del Estado, de tal forma que si en 2015, los mecanismos extraordinarios de liquidez que precisó la Comunidad para poder atender los pagos de sus acreedores comerciales y financieros fueron de 1.329,10 millones de euros, en 2016 se incrementaron un 41,3 por ciento y ascendieron a 1.878,10 millones. Para 2017 la cantidad aprobada es de 1.800,9 millones de euros.

Sabe García-Page que una de las principales causas de la derrota de José María Barreda fue la deuda acumulada con los proveedores. Cuatro mil millones en facturas pendientes en una región como esta se llevan por delante microempresas, empleos y al mismo gobierno. De ahí que uno de los objetivos del actual ejecutivo sea tratar de mantener saneadas las finanzas al precio que sea, incluido los recortes de los servicios públicos, vía inejecución del presupuesto. Y si se descomponen las cuentas, que no trascienda, que no se note. Se busca una explicación estilo Groucho Marx y se manda a los medios.

Desde enero de 2016 el gasto en productos sanitarios y farmacéuticos en Castilla-La Mancha crece ininterrumpidamente por encima del conjunto del país. Este gasto es el principal que acometen las Comunidades Autónomas, después de los pagos de su personal, y tiene como principal característica su variabilidad, lo que provoca que esté sometido a un rigurosos control para evitar que un crecimiento desmedido pueda provocar los recortes en otros servicios básicos y el deterioro de las finanzas públicas regionales.

El gobierno de Castilla-La Mancha no reconoce el informe definitivo sobre las operaciones no financieras de 2016 que elevan el déficit de nuestra Comunidad Autónoma a 313 millones de euros, el 0,82 por ciento del PIB. Este informe, elaborado por los interventores del Estado, supone que la Junta de Comunidades habría incumplido el objetivo de déficit público el año pasado, lo que conllevaría la adopción de medidas correctoras en el presupuesto de este año. Esta actualización de datos sube el déficit del conjunto autonómico en 186 millones de euros, de los que 38 corresponden a Castilla-La Mancha. Otras Comunidades habrían rebajado las cifras contempladas inicialmente.

A finales de julio los ingresos de la Junta de Comunidades se situaban más diez puntos por debajo de la media del conjunto de las regiones españolas. En concreto, el gobierno del presidente García-Page había recaudado el 46,67% de las previsiones de ingresos frente al 60,08 a nivel nacional. Esa baja recaudación ha provocado un frenazo en las políticas de gasto en Castilla-La Mancha.

Durante la presente legislatura la deuda financiera (créditos) de la Junta de Comunidades se ha incrementado en 1.122 millones hasta alcanzar los 14.260 millones a finales del primer semestre de este año, según datos del Banco de España. Castilla-La Mancha se sitúa como la segunda región más endeudada en relación a su Producto Interior Bruto. En concreto los créditos equivalen al 36,6 por ciento de la riqueza regional. Sólo Valencia, con un 41,8% de su PIB presenta mayor nivel de endeudamiento. El gobierno de García-Page se encontró a su llegada con un endeudamiento del 36,2 por ciento del PIB.

Las regiones españolas (sin considerar País Vasco) redujeron su deuda con proveedores en el mes de julio en 290 millones de euros respecto a junio. Julio cerró con 6.361 millones de facturas pendientes de pago por los gobiernos autonómicos, el 0,54% del PIB. A esa cuantía hay que sumar otros compromisos pendientes de pago (fundamentalmente en subvenciones) por 4.125 millones de euros, lo que sitúa el total de la deuda no financiera autonómica en 10.486 millones de euros, el 0,96% del Producto Interior Bruto.

Al finalizar septiembre, el gobierno regional tenía aprobados créditos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) por importe de 1.800,9 millones de euros. El conjunto de las Comunidades Autónomas había acudido a este y otros mecanismos extraordinarios para poder financiarse a través del Estado por importe de 26.903 millones de euros. La Comunidad que más dinero ha pedido en créditos al Estado ha sido Cataluña, 7.475,1 millones de euros, más de la cuarta parte del total.

Anda el gobierno regional con dos obsesiones: la mala malísima y el bueno buenísimo. Y, oye, esto se ha convertido en algo patológico. Hasta el punto de que los medios tengamos que poner la información que nos venden vía comunicados y notas oficiales en cuarentena y poda. La poda para desbrozar adjetivos y dejar la información en los hechos. La cuarentena para comprobar si los datos que ofrece son veraces.

Durante los siete primeros meses del año, la Junta de Comunidades ha ingresado 3.497 millones de euros y ha gastado 3.602 millones. Estos datos revelan que las necesidades de financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ascendían a finales de ese mes a 121 millones euros. Castilla-La Mancha es la tercera Comunidad que presenta peor saldo, sólo por detrás de Navarra y Murcia. Nueve regiones españolas presentaban superávit en sus cuentas, Andalucía las mantenía equilibradas y el resto incurrían en déficit. Además, en la actualización de la serie mensual del año pasado, que lleva fecha de hoy, la Intervención General del Estado, ha elevado el déficit registrado por nuestra Comunidad el año pasado del 0,72, al 0,82% del PIB y de 275 millones a 313.

Las omisiones en la declaración de bienes rentas y actividades del vicepresidente segundo, dadas a conocer por ABC y criticadas por el Partido Popular, se han sumado hoy al hecho de que ninguno de los consejeros ni el vicepresidente segundo del ejecutivo nombrados en los últimos meses hubieran comparecido en las Cortes Regionales para pasar el informe de idoneidad, tras explicar su situación económica, patrimonial y de actividades. Esa comparecencia debería haberse producido antes de que tomaran posesión. El trámite para el titular de Educación, Ángel Felpeto (mayo de 2016), de Fomento, Agustina García Élez (abril de 2017), de coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz (agosto 2017), y del propio vicepresidente segundo, García Molina (agosto 2017), se ha materializado esta mañana y ha servido al Partido Popular para señalar al presidente del ejecutivo, García-Page, como único miembro que no ha informado en el parlamento de su situación patrimonial y económica.