JCCM

El gobierno de Castilla-la Mancha se mantiene en la holganza legislativa. Durante este año sólo ha remitido a las Cortes una única ley de las 28 que figuran en el Plan Anual Normativo 2017 (puede consultarse en el portal de transparencia). Y esa única ley era obligada, porque se trata de los presupuestos generales de la Junta de Comunidades para este año. El ejecutivo ha acompañado ese único proyecto con una ley ómnibus o cajón de sastre con la que pretende modificar aspectos puntuales y concretos de 20 normas vigentes.

La Fundación Impulsa y el grupo Ente Público Radiotelevisión de Castilla-La Mancha son las entidades públicas regionales con mayor demora en el pago a sus proveedores e incumplen la ley sobre morosidad de las administraciones públicas, que establece un plazo de 30 días para el abono de las facturas. La fundación paga a 51,39 días y el ente público a 54,67. A ellos se suma la empresa pública de gestión ambiental GEACAM, con un Periodo medio de Pago de 33,85 días.

No ha gustado en el PSOE nacional las declaraciones de García-Page en las que deslizaba un posicionamiento crítico contra un gobierno de coalición a nivel nacional semejante al que ha conformado el en Castilla-La Mancha. García-Page se escuda en que a nivel nacional sería necesario contar con los nacionalistas. Y eso mejor ni tocarlo. Como ha dicho, para formar gobierno hay que sumar más votos en las urnas.

Numerosas autoridades y agrupaciones políticas de Castilla-La Mancha han querido sumarse a la condena generalizada de los actos terroristas acaecidos en Barcelona en la tarde de hoy, ofreciendo su apoyo y solidaridad a las víctimas. Los datos oficiales hablan ya de 13 fallecidos y más de 50 heridos en el atropello masivo en Las Ramblas de Barcelona

Las cifras reales de lista de espera quirúrgica del mes de julio contradicen el optimismo reflejado por las autoridades sanitarias castellano-manchegas en su comunicado sobre la situación del sistema sanitario regional. La lista se incrementó ese mes hasta alcanzar los 36.609 ciudadanos. Este es el segundo peor registro del último año, solo por detrás de enero, en el que la epidemia de gripe obligó a aplazar las operaciones programadas. Los números ponen de relieve la parcialidad y tendenciosidad de la información facilitada por el gobierno regional.

El alumno aventajado suspende. Si se comparasen las encuestas -la de ahora- con las de antes -las de hace 13 años- presidente contra presidente, Bono ganaría por K.O. a su compañero y discípulo Emiliano García-Page. Pero eso, al fin y al cabo, son encuestas. Lo grave es que, si se compara la gestión, el pupilo no dura ni un asalto.

Emiliano García-Page, quien en su momento no era partidario de que Pedro Sánchez pactará con Podemos a nivel nacional, ha presidido hoy la toma de posesión de los nuevos cargos del Ejecutivo regional, acto en el que ha querido remarcar que “el modelo que hoy se inicia en la región” con la entrada en el Gobierno de dos miembros de Podemos, “tampoco tiene por qué ser exportable a otras comunidades ni al conjunto del país”.

La caída de la inversión productiva por la Junta de Comunidades en los últimos trece años supera los 18,5 puntos. En este periodo que está marcado por los últimos presupuestos de los gobiernos de José Bono y de García-Page los recortes en la inversión superan los 1.000 millones de euros. Los servicios sociales han visto recortadas las inversiones en más de 445 millones.

El segundo presupuesto elaborado por el gobierno para este año y que está en trámite prevé una cifra superior al anterior de 21,17 millones de euros. El crecimiento se produce gracias a más aportaciones del Estado a la financiación de la Comunidad Autónoma. Los ingresos por los principales tributos gestionados por la Hacienda regional sufren una reducción de 28 millones euros. Sin embargo, los fondos procedentes del Estado crecen en 96 millones. También se produce una reducción de los fondos procedentes de la Unión Europea.

María Díaz, la secretaria de organización de Podemos Castilla-la Mancha, será la nueva diputada en Podemos en sustitución de José García Molina, que ha presentado su dimisión para acceder al gobierno regional como vicepresidente.

Ha sido la semana para estudiar las encuestas, la de la EPA (Castilla-La Mancha destruye empleo) y la otra, la del gobierno -perdón, la del PSOE- que dará que hablar -y mucho-. Ha sido la semana en la que el gobierno ha iniciado sus vacaciones y la agenda diaria -cuando la hay- ha quedado para los subalternos. Y eso ya ha dado que hablar. Arde Yeste y este incendio dará que hablar. Ha sido la semana en la que las asambleas del PSOE han dicho sí a que Podemos entre en el Gobierno regional, y la del anuncio del alcalde de Azuqueca de que quiere relevar a García-Page en la secretaría regional del PSOE, lo que dará que hablar y mucho. Y ha sido la semana en la que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha advertido que la economía regional que menos crece de España es la de Castilla-La Mancha. Y de eso el gobierno no quiere oír, ni hablar. De todos los temas de la semana, el único que interesaba al gobierno era el de la encuesta electoral. Pero terminará por preferir que ese tema se silencie.

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), José Luis Escrivá, ha advertido públicamente a cinco municipios españoles entre los que se encuentra Almadén (Ciudad Real) “al no proporcionar la información requerida para la elaboración del Informe sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de las Administraciones Públicas de 2017, publicado el pasado 19 de julio”.

El tercer desastre medioambiental en poco más de un año en la región aporta nuevos interrogantes a la gestión previa a los mismos por parte de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. La carta escrita por José María Fresneda, uno de los propietarios de una finca en el paraje de “El Masegar”, pone de manifiesto deja al descubierto cómo desde el pasado mes de febrero está esperando la autorización para el llenado de un depósito de agua para extinción de incendios de 260.000 litros, construido a instancias de la propia Consejería para autorizarse la rehabilitación de la finca. De haber estado lleno, podría haberse utilizado para la carga de helicópteros y autobombas.