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Durante los siete primeros meses del año, la Junta de Comunidades ha ingresado 3.497 millones de euros y ha gastado 3.602 millones. Estos datos revelan que las necesidades de financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ascendían a finales de ese mes a 121 millones euros. Castilla-La Mancha es la tercera Comunidad que presenta peor saldo, sólo por detrás de Navarra y Murcia. Nueve regiones españolas presentaban superávit en sus cuentas, Andalucía las mantenía equilibradas y el resto incurrían en déficit. Además, en la actualización de la serie mensual del año pasado, que lleva fecha de hoy, la Intervención General del Estado, ha elevado el déficit registrado por nuestra Comunidad el año pasado del 0,72, al 0,82% del PIB y de 275 millones a 313.

Las omisiones en la declaración de bienes rentas y actividades del vicepresidente segundo, dadas a conocer por ABC y criticadas por el Partido Popular, se han sumado hoy al hecho de que ninguno de los consejeros ni el vicepresidente segundo del ejecutivo nombrados en los últimos meses hubieran comparecido en las Cortes Regionales para pasar el informe de idoneidad, tras explicar su situación económica, patrimonial y de actividades. Esa comparecencia debería haberse producido antes de que tomaran posesión. El trámite para el titular de Educación, Ángel Felpeto (mayo de 2016), de Fomento, Agustina García Élez (abril de 2017), de coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz (agosto 2017), y del propio vicepresidente segundo, García Molina (agosto 2017), se ha materializado esta mañana y ha servido al Partido Popular para señalar al presidente del ejecutivo, García-Page, como único miembro que no ha informado en el parlamento de su situación patrimonial y económica.

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha denuncia que las cifras presentadas por el Gobierno regional no coinciden con las publicadas por las estadísticas oficiales del IMSERSO. Las declaraciones de la Junta Directiva de la Plataforma se producen después de que clm21.es haya revelado la existencia de 1.237 dependientes más en lista de espera de Castilla-La Mancha, que no figuraban en las estadísticas oficiales que el gobierno regional entregó a los medios de comunicación la semana pasada para dar cuenta del sistema de dependencia en regional a agosto de 2017.

El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene excluidos de la foto oficial al vicepresidente segundo, José García Molina, y a la consejera encargada de la coordinación del Plan de garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz Aguayo. Ambos altos cargos tomaron posesión hace más de un mes como miembros colegiados del Gobierno que presiden García-Page tras el pacto de coalición con Podemos.

La presidenta del Grupo Popular ha pedido a García-Page que cese a José García Molina, su vicepresidente segundo y responsable de las relaciones institucionales, tras el encuentro que mantuvo con su homólogo de Cataluña, Oriol Junqueras. Guarinos ha exigido a García-Page que abandone la ambigüedad y que tome esta medida además de que comparezca de forma inmediata en las Cortes para explicar la situación.

Los datos contables del presupuesto, reflejan que a falta de cuatro meses para el cierre del ejercicio, el gobierno regional mantenía en un nivel de ejecución cero 25 de las principales partidas de ayudas a la inversión a empresas, ayuntamientos y organizaciones civiles. Esas 25 ayudas suman 104 millones de euros, de los que el gobierno no había reconocido ni un solo céntimo como obligación de pago. Otras 35 partidas dotadas con más de 273 millones de euros, tenían una ejecución de tan sólo, 33 millones de euros, que equivalen al 12 por ciento. El año pasado el gobierno utilizó las partidas de inversiones productivas como comodín para ajustar el déficit mediante el recorte de las inversiones y ayudas.

Resaca tras la jugada del vicepresidente segundo del Gobierno en torno a la reunión con el vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras para "poner de manifiesto la voluntad de ambos gobiernos en la defensa de la democracia y las libertades y la búsqueda del diálogo". A lo largo de la mañana se ha mantenido la tensión política. El Partido Popular ha vuelto a pedir el cese de García Molina y ha recordado que entre sus funciones está la de representación institucional del gobierno regional, el PSOE ha establecido un paralelismo con la reunión de Soraya Sáenz de Santamaría con Junqueras y el vicepresidente primero del gobierno ha manifestado públicamente su apoyo a la actuación del Gobierno de España. Mientras tanto, tanto José García Molina como Podemos se mantienen en silencio.

El gobierno pretende dar la oportunidad para que puedan volver “todas y todos los jóvenes castellanomanchegos que, con altas cualificaciones profesionales, tuvieron que marchar a trabajar fuera de España al no tener oportunidades laborales relacionadas con su formación en su tierra natal”.

La mejora de factores externos como el precio del petróleo y el precio del dinero, la mejora de la situación económica nacional, las reformas implementadas en los años anteriores especialmente los ajustes en el sector público y el nuevo modelo económico nacional seguido también en Castilla-la Mancha de impulso de las exportaciones y del sector turístico son los principales factores que están detrás del crecimiento de la economía regional, según el informe de situación y previsiones de la economía regional elaborado por el BBVA. El documento confirma lo anticipado por clm21.es, que el PIB de Castilla-la Mancha recuperará los niveles pre-crisis el año que viene, dieciocho meses después que el conjunto de España.

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha denuncia una vez más los datos sobre el funcionamiento del sistema de dependencia de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que consideran poco fiables y diferentes a los proporcionados por el IMSERSO.

El gobierno regional mantiene una baja contratación del personal sanitario de refuerzo para aliviar la situación de los pacientes y de las listas de espera, según consta en los documentos económicos del propio Servicio de Salud de Castilla-la Mancha. El ejecutivo se está limitando a cubrir las sustituciones de personal. Según los datos económicos del Servicio de Salud de Castilla-la Mancha, a finales de agosto estaban prácticamente agotados los fondos para llevar a cabo sustituciones en algunos de los grupos, sin embargo, el ejecutivo mantenía la contratación de refuerzos en el 44,65%.

El gobierno regional frenó el gasto en los meses de julio y agosto para tratar de volver a la senda de la consolidación fiscal, tras haber cerrado junio con un déficit del 0,91 por ciento, un cincuenta por encima del autorizado para todo el año. Las partidas que se vieron afectadas por ese recorte fueron las de subvenciones corrientes y fundamentalmente las de inversiones productivas.

2.000 castellano-manchegos que han perdido totalmente su autonomía y necesitan de un apoyo indispensable y continuo de otra persona, no son atendidos por los servicios sociales de la Comunidad. A ellos se suman otros 2.000 que precisan ayuda al menos dos o tres veces al día para sus actividades básicas. La lista de espera de la dependencia se completaba en agosto con otros 8.000 ciudadanos con dependencia moderada, que precisan ayuda para comer, ir al baño, lavarse o vestirse. En total son 12.240 los dependientes a los que la administración regional les ha reconocido el derecho a una prestación social, que no termina de llegar.

La lista de espera quirúrgica bate récords y pone en evidencia la ineficacia del plan del Gobierno regional para atajar el grave problema de atención sanitaria a los ciudadanos. Agosto cerró con 37.441 castellano-manchegos, la cifra más alta de los últimos años. La razón no es estacional. En relación a agosto del año pasado el número de pacientes ha crecido en 2.465, un 7,05 por ciento más. Tan solo en el último mes el número 832 personas han ampliado la lista.

El Gobierno regional, a través de su portavoz, ha tratado de trasladar la responsabilidad del elevado déficit registrado por la Junta de Comunidades en el primer semestre al Gobierno de la nación, al que ha acusado de haberse retrasado en el envío de fondos a la Comunidad. El déficit a finales del primer semestre era de 361 millones de euros. Los datos de ejecución presupuestaria revelan que el gobierno central había transferido 2.182,8 millones de los 2.188,8 previstos y contemplados en los documentos a efectos del cálculo del déficit, 6 millones por debajo de las previsiones. El grado de cumplimiento estaría en el 99,73%.