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Se acabaron las trampas en el solitario. Los plazos de pago a proveedores por las administraciones públicas españolas, incluidas las Comunidades Autónomas, deberán computarse conforme a la ley de morosidad, es decir, en días naturales y por tanto la administraciones públicas españolas deberán pagar en menos de 30 días naturales. A partir de esa fecha, los proveedores podrán exigirles intereses de demora. La medida ha sido adoptada por el gobierno central, tras las advertencias de la Unión Europea, que tiene a nuestro país bajo vigilancia por el Procedimiento de Déficit Excesivo y que se ha hecho eco de las quejas presentadas por varias asociaciones españolas contra la morosidad.

Financiación autonómica, reforma de la ley electoral y reposicionamiento de las fuerzas políticas dentro del espectro ideológico son las tres claves que marcarán la agenda política del presente año y que se unirán a las cuestiones que ya están sobre la mesa, como son el deterioro de los servicios públicos, especialmente de la sanidad, la gestión económico-financiera de la Comunidad que se ha agravado en los últimos años, a pesar de un incremento de los ingresos de la Junta, y la resolución o no del conflicto abierto con la Universidad por su infradotación presupuestaria.

La comparecencia informal del presidente del gobierno ante los periodistas llega tras un torrente de datos e informes que vienen a cuestionar cómo se están haciendo las cosas en Castilla-La Mancha, en lo económico y en lo social. El dato más favorable, el del crecimiento de la riqueza regional (3,5% en 2016), iba acompañado de otro dato, el que en la Unión Europea se considera prioritario para medir el avance de un territorio, el de la renta disponible de las familias, que no es sino la media de lo que dispone, en teoría, cada persona para gastar o ahorrar a lo largo del año. Y ese dato indica que los castellano-manchegos son los cuartos que menos dinero tienen, sólo por detrás de murcianos, andaluces y extremeños. Y eso sin tener en cuenta que ha crecido la riqueza y a la vez han disminuido los habitantes, lo que permite mejorar los resultados estadísticos. La realidad es que, por cada diez euros de los que disponen el conjunto de los españoles, nosotros tenemos sólo ocho.

El gobierno central está preocupado por el estado de las finanzas de Castilla-La Mancha y la desviación del gobierno regional de los objetivos de estabilidad presupuestaria. En poco más de mes y medio, el Ministerio de Hacienda ha remitido dos escritos al gobierno regional uno dirigido al consejero Juan Alfonso Ruiz Molina comunicándole que Castilla-La Mancha “queda sujeta al procedimiento de control reforzado” por sus incumplimientos del déficit público. La otra, del pasado día 5 de diciembre tenía como destinatario al interventor general de la Junta de Comunidades, el socialista Francisco Javier Martín Cabeza, al que se le comunica que el gobierno regional ha incrementado con fuerza el gasto poniendo en riesgo el cumplimiento de regla del gasto y que explique las razones de esta situación y las medidas para corregirlas en lo que queda de mes.

Se acerca el final del proceso de venta del aeropuerto de Ciudad Real que, como ya informó clm21.es, fue adjudicado en abril de 2016 por el juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real a la sociedad Ciudad Real International Airport (CRIA), que concurrió junto a otras cuatro a la subasta para hacerse con la infraestructura en la fase de liquidación del procedimiento concursal de la sociedad propietaria. Fuentes judiciales aseguraron en noviembre que el proceso finalizará antes de que termine el año, tras varios retrasos debido a la complejidad de la escritura notarial.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha aprobado hoy el proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2018 en 219,8 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a la del presente ejercicio. Del total, 191,3 millones corresponden al funcionamiento general de la institución académica, quedando los restantes 28,5 millones financiados por los proyectos de investigación, contratos de innovación y formación continua que sus grupos de investigación han captado de convocatorias competitivas, empresas e instituciones para realizar a lo largo del próximo ejercicio.

El conflicto tiene su origen, por paradójico que parezca, en una gestión prudente por parte de la Universidad. En 2012, en plena crisis, se produce el relevo en la dirección de la UCLM. El nuevo equipo se encuentra con un remanente de 79 millones de euros que iban a ser destinados al proceso de expansión. Con la contracción de la economía, el nuevo equipo decide utilizar los fondos para el sostenimiento, consciente de que el gobierno de entonces no podía hacer frente a la subvención nominativa anual adecuada a las necesidades de la UCLM.

La Universidad mantendrá hasta el último minuto los esfuerzos para llegar a un acuerdo con el gobierno y evitar que este lleve a cabo la intervención económico-financiera de la institución, según fuentes académicas consultadas por clm21.es. El pleno de las Cortes deberá votar el viernes la redacción definitiva del artículo con el que el Ejecutivo quiere someter a su control la institución académica. Fuentes de la UCLM no descartan que el mismo viernes el rector o miembros de la dirección del claustro acudan al Parlamento en un último intento para tratar de frenar lo que consideran un exceso sin precedentes que conculca el principio de autonomía universitaria.

Los gastos financieros de la Junta de Comunidades se han incrementado más de un 40% en el último año. A finales de noviembre, el gobierno regional ya había hecho frente al pago de 225 millones de euros por este concepto, cuando en la misma fecha del año pasado el desembolso era de 160 millones de euros. Esos fondos están destinados al pago de intereses de los créditos que tiene la Junta y a cubrir los gastos de formalización de los nuevos. Este gasto representa el 3,8% de lo que lleva realizado el gobierno.