El coronavirus enferma las arcas del Estado: Entre 4.350 y 7.250 millones menos de ingresos fiscales por cada mes de parón de la economía

Confían en que la crisis dure poco y la recuperación sea rápida. Para hacerse una idea de la magnitud, en 2018 (último ejercicio publicado) el Estado recaudó de media mensual 18.350 millones de euros (6% más que en 2017), de los que 14.500 millones fueron por IRPF, IVA e impuestos especiales, tres figuras que se ven muy afectadas por las medidas de confinamiento y cese de la actividad productiva no esencial, que se traduce en una caída del consumo de empresas y familias (IVA), un aumento del número de parados y un ajuste de salarios (IRPF) y una merma en los ingresos por tributos especiales que gravan los combustibles, la cerveza y las bebidas alcohólicas. A ello habría que sumar el impacto del parón en las cuentas de resultados de las compañías y su repercusión en el impuesto de sociedades. Los cálculos de algunos economistas sitúan el descenso en una horquilla entre el 30% y el 50%, es decir, la bajada de la recaudación por IVA, IRPF e impuestos especiales sería de entre 4.350 millones y 7.250.

A primeros de año las autoridades responsables de las cuentas públicas contaban con una ralentización en el crecimiento de los ingresos fiscales (impuestos y tasas) por una moderación del crecimiento económico. Pero el escenario se mantenía en positivo: subirá la recaudación, pero en menor porcentaje que estos años atrás. Hasta que llegó la crisis sanitaria y se cerró la actividad económica. Y con esa suspensión en dos fases (la del estado de alarma y la del cese de la actividad de todas las empresas no esenciales) se empezó a hacer el cálculo de la medida en términos de ingresos. Porque esa falta de ingresos se tendrá que trasladar a los gastos y obliga a recurrir a la deuda pública. Y en el caso de las Comunidades Autónomas, responsables de los servicios públicos del estado del bienestar, trasladar la caída de ingreso al capítulo de gastos se traduce en una palabra maldita: recortes. El impacto fiscal depende de la duración del parón económico y del daño en el sistema productivo, tanto desde el punto de vista de la oferta (sectores económicos), como de la demanda (consumo público y privado, inversión en capital, balanza comercial internacional) y del traslado de ese daño al mercado de trabajo.

El tsunami de 2008, en el recuerdo

Cuando la primera ola de la Gran Recesión de 2008 llegó a las cuentas autonómicas, el primer impacto se llevó por delante 776 millones de euros de ingresos de la Hacienda castellano-manchega en 2010. El gobierno central sintió la ola en su recaudación de 2009 y las regiones españolas un año más tarde, cuando el gobierno central les trasladó la parte de la merma de los ingresos públicos que les correspondía en la financiación. Pero la devastación fiscal no terminó hasta que la economía empezó a reactivarse. En 2014 cuando los ingresos castellano-manchegos tocaron suelo la diferencia respecto a 2009 era de 1.490 millones de euros menos. Con esa menor cuantía (20,3%), la Comunidad, además tuvo que hacer frente a un gasto extraordinario: los intereses por los créditos. Paliar esa bajada de ingresos ordinarios y atender a una fuerte deuda comercial acumulada provocó que la deuda pública pasara de los 1.829 millones de euros en 2007, a los 12.858 millones en 2014. La carga financiera de la Comunidad se multiplicó por seis en ese periodo como consecuencia de la crisis. De representar el 4,6% del PIB regional pasó al 36,4%. La factura de intereses anuales por los créditos y valores de deuda a los que tuvo que hacer frente la Comunidad pasó de los 88 millones de 2009 a los 485 millones en 2014.

Ese tsunami financiero (menor recaudación fiscal y más gasto por deuda pública) hizo temblar los pilares de los servicios públicos regionales: El gobierno paró las obras contratadas, recortó plantillas, adelgazó las ayudas tanto sociales como a los sectores productivos y llevó a cabo otras medidas de recorte de gasto que afectaron fundamentalmente a los empleados públicos.

Todo ello en un momento de la mayor crisis social vivida en España desde la guerra y la postguerra. El PIB regional cayó un 11,45%. Pasó de los 39.926,2 millones de euros a los 35.353,2 millones Entre el máximo, en 2008, y el mínimo en 2014, la región perdió 4.573 millones de su riqueza económica. La destrucción del tejido productivo, el aumento de cierres y de concursos, la pérdida de ingresos de las empresas se dejó sentir en el mercado de trabajo. En enero de 2009 la afiliación media mensual a la Seguridad social en la región era de 720.941 trabajadores. En abril de 2013 tocó mínimos y fue de 592.265. La destrucción fue de 128.676 cotizantes, casi el 18% del total del mercado de trabajo de la región. El paro pasó de los 101.138 de enero de 2008 a los 217.610 cinco años después. El número de desempleados se había casi triplicado (271%).

Un torpedo al proceso de recuperación de los servicios

Con la economía en fase de recuperación y con un aumento de los ingresos públicos, en 2015 el gobierno del presidente García-Page avanzó en el proceso de recuperación de los servicios públicos, que, según se anunció, duraría al menos dos legislaturas, es decir hasta 2023. A nivel nacional los sucesivos gobiernos del presidente Sánchez plantearon una agenda de impulso social, que ya en 2019 se dejó sentir en él incremento del déficit público en 2.728 millones de euros a los que habría que sumar los 1.538 millones que contabilizó en su haber y que tenía que haber transferido a las Comunidades Autónomas por la liquidación del IVA de 2017. La falta de recursos suficientes para materializar su proyecto llevó al presidente Sánchez y a su equipo a plantear la creación de nuevos impuestos y la subida de algunos de los existentes, además de demandar de la Unión una senda fiscal más relajada para nuestro país.

Pero la pandemia ha cambiado el escenario y amenaza ahora esas hojas de ruta nacional y regional. La crisis sanitaria motivó primero que parara el grueso del sector servicios y ahora, la construcción y la industria manufacturera no asociada al sector agroalimentario y al sanitario. Algunas de las actividades en parón tardarán en arrancar y en coger pulso varios meses (turismo). Algunas empresas y autónomos, las menos saneadas, no podrán resistir y se verán abocadas al concurso de acreedores o al cierre. Los datos oficiales que se empiecen a conocer en abril y especialmente en mayo referidos a marzo y abril, servirán para hacer una aproximación al impacto de la ola en la economía y en los ingresos públicos.

Los servicios representan casi el 68% de la riqueza nacional (datos de 2019) y el 58,3% de la regional (datos de 2018). La construcción genera el 5,9% de la riqueza nacional y el 6,4% de la regional. La industria nacional aporta el 14,3% del PIB y la regional el 17%. En el conjunto del país, los impuestos netos sobre los productos ascienden a los 115.600 millones de euros (9,3% del PIB nacional). En el de Castilla-La Mancha a 3.928 millones, el 9,5% del PIB. Habrá que esperar a finales de abril para conocer el comportamiento de los ingresos del Estado y saber en qué medida el parón ha afectado a la recaudación por IVA, por IRPF y por impuestos especiales, particularmente el de hidrocarburos y los de bebidas alcohólicas y el de la cerveza

El gobierno tenía previsto publicar en la mañana del día 31 de marzo, el comportamiento de los ingresos del Estado y de las Comunidades Autónomas a finales de 2019. Pero no subió los datos a la web. Los últimos de cierre de un año son los de 2018, en el que el Estado tuvo unos ingresos fiscales por valor de 220.223 millones de euros, de los que transfirió 90.453 a las comunidades autónomas y 1.900 a las corporaciones locales.

La ola llegará en diferido a los presupuestos de las Autonomías

En el caso de Castilla-La Mancha y en el resto de Comunidades de régimen común, y como ya adelantó clm21.es, la caída de la recaudación en los ingresos del Estado se dejará sentir en la liquidación de la financiación de 2020 que se haga en 2022 entre lo realmente recaudado por el Estado y lo entregado a cuenta a las Comunidades. También puede afectar al cálculo de las entregas a cuenta de 2021, en función de las previsiones económicas plantee el Ministerio de Hacienda. Pero ya se sabe que el sesgo del escenario no es al alza, como era el que había antes de la pandemia. El sesgo es a la baja, aunque los centros de estudios no se ponen de acuerdo en las cifras o no se atreven a darlas sobre el impacto de las medidas de confinamiento en el PIB y, por tanto, en su traslación a los ingresos públicos. Lo que sí se contabiliza al alza son los gastos públicos derivados de la lucha contra la pandemia y por el parón económico: la compra de material sanitario, la contratación de personal, el pago del paro por los expedientes de regulación de empleo y por despidos.

En un informe del Consejo Económico y Social sobre la Gran recesión se señala que “en tan solo dos años, 2008 y 2009, el superávit español del 2,0 por 100 del PIB se transformó en un déficit del 11 por 100 (frente al 6,3 de la Eurozona) y la deuda pública, que se situaba en un modestísimo 35,5 por 100 del PIB, creció hasta el 52,7, aunque lejos todavía de la media del 78,4 de la Eurozona”.