El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tenido que claudicar en su “firme” determinación de tramitar los presupuestos para el año que viene, cuyo texto articulado aprobó hace quince días.
El ejecutivo se ha plegado a la evidencia, porque su proyecto carecía de respaldo jurídico, tal y como hace días anticipó clm21.es. Salvo que se encuentre una salida en las próximas semanas, esta situación va a provocar la prórroga del presupuesto, la segunda en quince meses de Gobierno de García-Page.
Esa falta de respaldo legal afectaba también y sobre todo a las cifras empleadas para los cálculos económicos. De hecho, estas cifras forman parte del problema jurídico, ya que el Gobierno de Castilla-La Mancha había empleado un déficit del 0,5 por ciento, en lugar del 0,1 que es el que está aprobado. El Gobierno daba por bueno el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero éste no ha sido tramitado por el Consejo de Ministros ni probado por las Cortes Generales. Eso supone una desviación inicial de entre 150 y 200 millones de euros.
En nota de prensa, el ejecutivo ha dado cuenta de su cambio de postura con un “El Gobierno regional estima que no se dan las condiciones jurídicas para presentar los presupuestos en el plazo establecido por el Estatuto de Autonomía”, es decir antes del 1 de octubre como había anunciado.
La prórroga presupuestaria supone una limitación a los planes políticos del Gobierno para el próximo año, ya que apenas puede hacer variaciones más allá de los créditos que mueran el 31 de diciembre de 2016. El Tribunal Constitucional ha delimitado el alcance de la variación en la prórroga a aquellas partidas que se consideren de urgente necesidad. Ello permite introducir modificaciones sobre el incremento de las retribuciones de los empleados públicos. Pero no está claro que se permita la modificación de las partidas que recogen los fondos para la financiación autonómica o determinadas partidas de gasto que tuvieran carácter plurianual.
El pasado martes, en clm21.es profundizábamos en la falta de respaldo legal de las pretensiones y recogíamos algunos fundamentos que quedarán vulnerados, desvelando que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ya había advertido de esa situación, lo que motivó que la Consejería llevase a cabo un estudio jurídico que es el que ha terminado por aconsejar al Gobierno que desista de sus planes. El propio portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, al ser preguntado por esta cuestión afirmó: “Estamos buscando un respaldo jurídico. En la reunión con el secretario de Estado nos dejaron caer que no lo debiéramos presentar y que nos arriesgábamos a un recurso”.
Pero lejos de la tesis de conspiración del Gobierno de Rajoy defendida por los miembros del gabinete castellano-manchego, los servicios de la abogacía del Estado advirtieron al Ministerio que ni el Gobierno Central ni los autonómicos podrían aprobar el presupuesto para 2017 porque se vulneraría el principio de legalidad. Ese planteamiento técnico fue trasladado por el secretario de Estado al consejero Ruiz Molina, quien tras consultar con los servicios jurídicos de Castilla-La Mancha, ha decidido paralizar la tramitación del proyecto cuyo texto articulado ya había sido aprobado por el Gobierno de García Page.
Por otro lado, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha afirmado que “el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017 tiene que ser consecuente y coherente con los objetivos de déficit que estén en vigor porque en caso contrario podría ser impugnado por la Administración del Estado”. Este reconocimiento viene a admitir que en 2016 la Comunidad tendrá que ajustar su déficit al 0,3 por ciento del PIB y no al 0,7, lo que implica una necesidad de cerrar el grifo del gasto.
Ruiz Molina ha remarcado que “el Estado tendría potestad para en el periodo de tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos poderlo impugnar” si se elabora con un objetivo del déficit para 2017 del 0,5%, que el ejecutivo regional estima como “idóneo”, cuando el que “ahora mismo está autorizado por las Cortes Generales para 2017es del 0,1% del PIB”.
Ante esta situación, ha resumido Ruiz Molina, “jurídicamente no se dan las condiciones para que podamos cumplir los plazos que marca el Estatuto de Autonomía porque todavía nadie en la Administración del Estado ha movido ficha, no se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las Comunidades Autónomas no saben con qué ingresos van a contar el año que viene y, por otra parte, en este momento estarían vigentes unos objetivos de déficit que no se corresponden con los que estamos trabajando”.
Así, el Gobierno regional ha optado por estar expectante porque “lo importante es tener un presupuesto que mejore la calidad de vida de los ciudadanos y que sea acorde con el derecho” y, en este sentido, “la Ley Orgánica dice que el proyecto de presupuestos debe ser coherente con los objetivos de déficit que en cada momento estén en vigor y, desgraciadamente, los objetivos que jurídicamente están en vigor en este momento son del 0,3% para este ejercicio y del 0,1% del PIB para 2017”.
Por todo ello, ha concluido Ruiz Molina en relación con este asunto, “vamos a seguir esperando hasta que podamos tener una información económica y legal que permita que tramitemos el presupuesto con una mayor tranquilidad “.
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