La asamblea de la Caja Rural votará el próximo 28 de abril un cambio de los estatutos para modificar el límite de tenencia de capital y derecho a voto de los socios, lo que, de aumentarse, permitirá centralizar el control y el poder de la entidad. Paralelamente, el consejo rector ha propuesto la admisión de aportaciones al capital social hasta un máximo de cien millones de euros. Ambas medidas pueden llegar a modificar los equilibrios societarios existentes en la actualidad.
Efectivamente, el consejo rector de la Caja Rural de Castilla-La Mancha va a someter a su asamblea modificar el artículo de los estatutos que limita la tenencia o control de capital por parte de los socios. En la actualidad los socios no pueden adquirir o controlar, ni directa ni indirectamente, aportaciones que excedan del 5 por 100 del capital social cuando se trate de persona jurídica o comunidad de bienes y del 1,5 por 100 cuando se trate de persona física.
Esta ampliación de la cuantía obliga a modificar el tope máximo de capital que puede tener un socio sin caer en la comisión de una falta muy grave. Los estatutos de la entidad prevén sanciones que incluso llegan a la expulsión de la sociedad en el caso de aquellos socios que cometan infracciones de este tipo.
Asimismo, la modificación del límite de capital de referencia afecta al régimen económico societario, lo que obliga a modificar el capítulo tercero de los estatutos de la Caja. Y, lo que es más importante, la modificación que pretende introducir el consejo rector de la Caja afecta al número de votos por socio, que actualmente no puede superar el 5 por 100 del total cuando se trate de una persona jurídica o comunidad de bienes, y del 1,5 por 100 cuando se trate de una persona física.
El consejo rector propone también la admisión de aportaciones al capital hasta un máximo de 100 millones
Hay que tener en cuenta que la Caja Rural es una sociedad cooperativa y que en la Ley de Cooperativas se parte de principio de que cada socio tendrá un voto, a diferencia de las sociedades de capital, en las que el voto está en función de las acciones o participaciones. No obstante, esta ley de 2015 permite que los Estatutos contemplen la posibilidad de establecer el voto plural ponderado para las cooperativas agrarias, de explotación comunitaria de la tierra, de servicios, del mar y de transportistas, y para el resto, únicamente para los socios que sean cooperativas, sociedades controladas por éstas o entidades públicas, si bien se establece la limitación de no poder superar los cinco votos sociales.
El consejo rector también ha propuesto a la asamblea que acuerde la admisión de aportaciones al capital social hasta un máximo de cien millones de euros y en este sentido que se habilite y se delegue en el propio consejo la ejecución de esta operación hasta el 30 de junio de 2018
Además, el consejo rector quiere cambiar la normativa interna sobre el gobierno corporativo de la entidad y adaptar la forma de convocatoria de la asamblea. En la actualidad, el orden del día es fijado por el Consejo Rector, pero debe incluir los asuntos propuestos, en escrito dirigido al mismo, por los Interventores o por un número de socios que representen el 10 por 100 o alcance la cifra de 200. Las propuestas pueden de ser presentadas en cualquier momento, pero sólo son incluidas en la primera Asamblea que se celebre las presentadas ocho días antes de que se publique la convocatoria.
Por último, el consejo rector quiere introducir cambios en la regulación de la figura del interventor o Interventores de la entidad. En la actualidad la Caja cuenta con tres Interventores y tres suplentes, que necesariamente deben ser socios, personas físicas, y que no pueden estar emparentados con el director general hasta en segundo grado y cuya responsabilidad no tiene carácter solidario.
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