Hasta el momento, en el tablero había un pensamiento unánime en las regiones españolas de repartir de forma más equilibrada los ingresos estatales, sobre la base de que en la actualidad existe una desigualdad a favor de la administración central del Estado, cuando son las Comunidades las que llevan el peso de los servicios públicos básicos: sanidad, educación y servicios sociales y una cofinanciación de la dependencia en la que el Gobierno central recortó su aportación. Otro de los elementos básicos es el déficit de la Seguridad Social, el agotamiento de la hucha de pensiones y las propuestas de algunos partidos como el PSOE de acometer la financiación a través de nuevos impuestos (a las entidades financieras). El tercer elemento era el superávit de los ayuntamientos, en concreto las limitaciones para su uso por la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
La propuesta del responsable de la AIReF parte de que “a los ayuntamientos españoles les sobran entre 8.000 y 9.000 millones de euros y además tienen 25.000 millones en los bancos”. De hecho. las Corporaciones Locales (ayuntamientos y diputaciones) son las más saneadas y presentan superávit.
La noticia no ha sido bien acogida a priori en el estamento local. Las fuentes consultadas por clm21.es recuerdan que si las corporaciones locales reciben competencias, deben recibir también los fondos para financiarlas y recuerdan que la ley 27/2013 “de racionalización y sostenibilidad de la administración local”, estuvo encaminada a que los ayuntamientos sólo ejecutasen las competencias que le son propias, lo que les imposibilitaba seguir prestando determinados servicios públicos que hasta la fecha ofrecían al ciudadano con sus recursos a pesar de carecer de competencias. Esa limitación afectaba fundamentalmente a los servicios sociales.
De hecho, la norma establecía que “las Entidades Locales sólo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias”.
El planteamiento que puso sobre la mesa el presidente de la AIReF, vendría a dar carta de naturaleza y de legalidad a los servicios sociales que prestaban los ayuntamientos, la entidad más cercana a los ciudadanos. Pero en las entidades locales entienden, por una parte, que habrá Comunidades que no quieran transferir esos servicios públicos y que, si finalmente lo hacen, temen que no vayan acompañados de los suficientes fondos.
Los municipalistas entienden que el superávit es por una buena gestión de las corporaciones locales y que debe exigirse esa misma buena gestión al resto de las administraciones. Para el presidente de la AIReF una de las claves del éxito de las entidades locales reside en que los principales impuestos de los que se financian, especialmente el IBI no se ha visto afectado durante la crisis económica y de hecho ha sido el único en el que la recaudación nunca ha caído.
En cuanto al modelo de financiación autonómica, el presidente de la AIReF, señala que los elementos fundamentales que debe tener el nuevo sistema es el gasto por habitante y el diferencial de costes de los servicios que prestan las Comunidades y que vienen determinados por distintas variables (envejecimiento, dispersión, despoblación…).
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