DESPOBLACIÓN

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha pedido una financiación europea que tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios en zonas despobladas: “Es clave en el sistema de financiación autonómica y, cuando se hace el diseño de los fondos estructurales, en la Unión Europea, que se tenga en cuenta también la realidad de estos territorios e incluso se obligue a los Estados miembros a invertir en estos ellos”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido invitado para detallar la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural a la Conferencia del Pacto Rural que se celebra los día 15 y 16 de junio en Bruselas y que reunirá a políticos regionales, nacionales y de la Unión Europea junto con autoridades locales, actores sociales y económicos en un evento participativo que refleja la ambición y el carácter ascendente de la visión rural.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este jueves la orden sobre normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023, que tendrá como prioridades consolidar la recuperación económica en la Comunidad Autónoma y continuar con las medidas orientadas a la protección de las familias y los sectores más vulnerables y que incluirá un nuevo enfoque transversal, sobre el impacto demográfico y la lucha contra la despoblación en las políticas presupuestarias de la Junta.

El presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, ha señalado este viernes en Molina de Aragón que el trato fiscal diferenciado que ya aplica Castilla-La Mancha en zonas despobladas constituye “el camino a seguir” por todas las administraciones en su impulso a las políticas de reto demográfico. Un punto en el que ha celebrado la conjunción de medidas desde todas las instituciones y para el que ha solicitado esfuerzos añadidos, como un modelo de financiación autonómica que tenga como criterio el “elevado coste” por habitante de la prestación de servicios públicos en zonas rurales.

Desde 2003 la banca ha cerrado en Castilla-La Mancha 470 oficinas, el 27,06% de su red, según los datos del Banco de España. Esta estrategia de las empresas financieras coincide con un aumento de la población regional en 234.000 personas (12,9%). La combinación de ambos factores ha provocado que, si antes la media era de una oficina por cada 1.045 habitantes, ahora se haya pasado a una por cada 1.618, es decir el público objetivo atendido de media por cada sucursal se incrementa en un 54,75%. En este periodo 58 localidades de la Comunidad se han quedado sin su banco y 7 que no lo tenían han pasado a contar con una oficina.

El presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, ha destacado la eficacia de las medidas fiscales incluidas en la Ley de medidas contra la despoblación de Castilla-La Mancha, durante su participación en la conmemoración del Día Internacional de los Bosques, que este año tiene su sede compartida en los municipios de Orihuela del Tremedal (Teruel) y Orea (Guadalajara) entre el 31 de marzo y el 3 de abril. Bellido ha recordado que hoy comienza la primera campaña de la renta en la que los vecinos y vecinas de las zonas despobladas de Castilla-La Mancha van a tener beneficios fiscales en la parte impositiva que depende de la Comunidad Autónoma y ha señalado que es una medida “absolutamente original que avanza en la dirección correcta” y que es producto de una ley “pionera y útil”, aprobada por unanimidad en las Cortes que preside hace casi un año.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha celebrado este viernes que todas las administraciones se estén involucrando en políticas y medidas contra la despoblación y que también lo esté haciendo “por fin” el Gobierno central, al que reclama que culmine su apuesta por el interior con la incorporación a un nuevo modelo de financiación autonómica de criterios que favorezcan el despliegue de servicios públicos en zona rural.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha defendido este martes en Salamanca la pionera ‘Ley de medidas contra la despoblación’ aprobada por unanimidad esta legislatura en Toledo y ha animado a “superar el provincianismo” para revertir este fenómeno, con una mirada más amplia y sin producir “quiebras en la convivencia” propias de planteamientos nacionalistas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado que el territorio sea tenido en cuenta de forma estructural en el sistema de financiación junto con la población ajustada que ya recoge la propuesta del Ejecutivo central y que se genere un fondo adicional para implementar medidas que permitan revertir el proceso de despoblación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a solicitar que todos los fondos europeos -tanto los Next Generation EU, como los conocidos como Fondos Estructurales- tengan como criterio de reparto la atención prioritaria a las zonas despobladas.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha avanzado que en "diez días" presentará una red de centros de innovación y teletrabajo en entornos rurales en "riesgo de despoblación" que quiere que tenga como "primeros beneficiarios" a Soria, Teruel y Cuenca, "las tres provincias más despobladas".

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica en su edición de este jueves el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Estrategia Regional frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha 2021-2031, lo que implica su entrada en vigor.

La Estrategia Frente a la Despoblación de Castilla-La Mancha, aprobada en el Consejo de Gobierno de esta semana, contempla una dotación de 449 millones de euros en el primer año de aplicación, tal y como se indica en la memoria económica que la acompaña.

El Consejo de Gobierno ha dado visto bueno a la Estrategia Regional frente a la Despoblación de Castilla-La Mancha con la que desarrollará la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación, que entró en vigor el pasado 1 de junio tras su aprobación por unanimidad en las Cortes regionales.