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El gobierno central está preocupado por el estado de las finanzas de Castilla-La Mancha y la desviación del gobierno regional de los objetivos de estabilidad presupuestaria. En poco más de mes y medio, el Ministerio de Hacienda ha remitido dos escritos al gobierno regional uno dirigido al consejero Juan Alfonso Ruiz Molina comunicándole que Castilla-La Mancha “queda sujeta al procedimiento de control reforzado” por sus incumplimientos del déficit público. La otra, del pasado día 5 de diciembre tenía como destinatario al interventor general de la Junta de Comunidades, el socialista Francisco Javier Martín Cabeza, al que se le comunica que el gobierno regional ha incrementado con fuerza el gasto poniendo en riesgo el cumplimiento de regla del gasto y que explique las razones de esta situación y las medidas para corregirlas en lo que queda de mes.

Ha empezado a pincharse la falsa ilusión. La crisis con la Universidad -con independencia de los temas domésticos- ha destapado una realidad de la que clm21.es viene advirtiendo: No hay suficiente dinero para la recuperación social. Crece la economía -faltaría más- al hilo de las políticas de estímulos del BCE, de las reformas nacionales y por la adecuada ubicación regional para temas logísticos. Desde el gobierno regional se empuja un poco -cuando se empuja, porque hay mucha voluntad y poca capacidad de gestionar ágilmente los fondos de estímulos regionales-. Pero todavía no hay suficientes ingresos ni entre las familias y empresas (el sector privado), ni en la administración regional (el sector público). Y el gobierno, al igual que las familias, trata de tapar agujeros y de priorizar el gasto. El problema es que el presidente García-Page había generado grandes expectativas, que trata de mantener sobre la base de criticar los cuatro años anteriores, donde no había dinero ni en el sector privado ni en el público. Ni mucho ni poco, sencillamente no había. Lo único que abundaba eran las deudas. Unas deudas con el sector privado (facturas sin pagar) que se pagaron a costa de aumentar la deuda pública.

Carmen Amores, que ha llevado cierta tranquilidad al ente público de la radio y la televisión de Castilla-La Mancha -las del gobierno regional-, quiere marcar perfil técnico, el de la modernización tecnológica, el de la conversión de la antigua tele en una plataforma digital. Y trata de desmarcarse de lo de la tendenciosidad -que la hay- y de las llamadas de Presidencia, como si la cosa no fuera con ella.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado que sigue a la espera de que los consejeros de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, expliquen las subvenciones de 2,15 millones de euros a CCOO, UGT y Cecam dentro del programa del Plan Extraordinario de Empleo 2015-2017 con cargo a las arcas públicas.

El gobierno regional confía en que sea el Ministerio de Hacienda el que financie el incremento del gasto de la Junta de Comunidades el año que viene en 278,1 millones de euros. El gabinete de García-Page tiene previsto gastar un 3,1 por ciento más que en 2017, sin embargo, en el capítulo de ingresos tiene previsto reducir las aportaciones de la propia Comunidad Autónoma, tanto a través de los impuestos propios como de tasas e ingresos patrimoniales.

Lo del gobierno, más que de sonrisas y lágrimas es de alegrías y enojos. Y el enojo de esta semana lo ha vuelto a provocar el vicepresidente segundo, José García Molina, que convocó a los periodistas para hablar de presupuestos en la sede de la Vicepresidencia a la misma hora en la que el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, todavía presentaba los presupuestos en la sede de la Presidencia. Y claro, a la rueda de prensa de Ruiz Molina convocaron los servicios de prensa del gobierno. A lo de José García Molina, los servicios de prensa de Podemos.

El gobierno de Castilla-La Mancha no cree que la inestabilidad de Cataluña vaya a repercutir en el marco presupuestario de nuestra Comunidad. Por ello no lo ha modificado y ha presentado el presupuesto regional para 2018 siguiendo ese marco elaborado en agosto, antes de que se desestabilizara la situación política y económica de Cataluña. El proyecto de presupuestos, aprobado hoy por el ejecutivo de García-Page, contempla un gasto de 9.219,1 millones de euros, de los que 7.609,7 se destinarán a gastos en servicios y el resto a gastos financieros. El titular de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, estima que el proyecto permitirá cumplir al gobierno regional por primera vez en la legislatura con el objetivo de déficit (0,4% del PIB), además de cumplir con el límite de endeudamiento del 35,3% del PIB y el 2,4% de la regla del gasto.

Sabe García-Page que una de las principales causas de la derrota de José María Barreda fue la deuda acumulada con los proveedores. Cuatro mil millones en facturas pendientes en una región como esta se llevan por delante microempresas, empleos y al mismo gobierno. De ahí que uno de los objetivos del actual ejecutivo sea tratar de mantener saneadas las finanzas al precio que sea, incluido los recortes de los servicios públicos, vía inejecución del presupuesto. Y si se descomponen las cuentas, que no trascienda, que no se note. Se busca una explicación estilo Groucho Marx y se manda a los medios.

El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha tenido que reconocer que finalmente Castilla-La Mancha no cumplió el objetivo de déficit en 2016 tras el informe definitivo de la Intervención General del Estado, que fue dado a conocer por clm21.es.

El gobierno de Castilla-La Mancha no reconoce el informe definitivo sobre las operaciones no financieras de 2016 que elevan el déficit de nuestra Comunidad Autónoma a 313 millones de euros, el 0,82 por ciento del PIB. Este informe, elaborado por los interventores del Estado, supone que la Junta de Comunidades habría incumplido el objetivo de déficit público el año pasado, lo que conllevaría la adopción de medidas correctoras en el presupuesto de este año. Esta actualización de datos sube el déficit del conjunto autonómico en 186 millones de euros, de los que 38 corresponden a Castilla-La Mancha. Otras Comunidades habrían rebajado las cifras contempladas inicialmente.

A finales de julio los ingresos de la Junta de Comunidades se situaban más diez puntos por debajo de la media del conjunto de las regiones españolas. En concreto, el gobierno del presidente García-Page había recaudado el 46,67% de las previsiones de ingresos frente al 60,08 a nivel nacional. Esa baja recaudación ha provocado un frenazo en las políticas de gasto en Castilla-La Mancha.

Durante los siete primeros meses del año, la Junta de Comunidades ha ingresado 3.497 millones de euros y ha gastado 3.602 millones. Estos datos revelan que las necesidades de financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ascendían a finales de ese mes a 121 millones euros. Castilla-La Mancha es la tercera Comunidad que presenta peor saldo, sólo por detrás de Navarra y Murcia. Nueve regiones españolas presentaban superávit en sus cuentas, Andalucía las mantenía equilibradas y el resto incurrían en déficit. Además, en la actualización de la serie mensual del año pasado, que lleva fecha de hoy, la Intervención General del Estado, ha elevado el déficit registrado por nuestra Comunidad el año pasado del 0,72, al 0,82% del PIB y de 275 millones a 313.

El Gobierno regional, a través de su portavoz, ha tratado de trasladar la responsabilidad del elevado déficit registrado por la Junta de Comunidades en el primer semestre al Gobierno de la nación, al que ha acusado de haberse retrasado en el envío de fondos a la Comunidad. El déficit a finales del primer semestre era de 361 millones de euros. Los datos de ejecución presupuestaria revelan que el gobierno central había transferido 2.182,8 millones de los 2.188,8 previstos y contemplados en los documentos a efectos del cálculo del déficit, 6 millones por debajo de las previsiones. El grado de cumplimiento estaría en el 99,73%.