HACIENDA

Lo del gobierno, más que de sonrisas y lágrimas es de alegrías y enojos. Y el enojo de esta semana lo ha vuelto a provocar el vicepresidente segundo, José García Molina, que convocó a los periodistas para hablar de presupuestos en la sede de la Vicepresidencia a la misma hora en la que el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, todavía presentaba los presupuestos en la sede de la Presidencia. Y claro, a la rueda de prensa de Ruiz Molina convocaron los servicios de prensa del gobierno. A lo de José García Molina, los servicios de prensa de Podemos.

El gobierno de Castilla-La Mancha no cree que la inestabilidad de Cataluña vaya a repercutir en el marco presupuestario de nuestra Comunidad. Por ello no lo ha modificado y ha presentado el presupuesto regional para 2018 siguiendo ese marco elaborado en agosto, antes de que se desestabilizara la situación política y económica de Cataluña. El proyecto de presupuestos, aprobado hoy por el ejecutivo de García-Page, contempla un gasto de 9.219,1 millones de euros, de los que 7.609,7 se destinarán a gastos en servicios y el resto a gastos financieros. El titular de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, estima que el proyecto permitirá cumplir al gobierno regional por primera vez en la legislatura con el objetivo de déficit (0,4% del PIB), además de cumplir con el límite de endeudamiento del 35,3% del PIB y el 2,4% de la regla del gasto.

Sabe García-Page que una de las principales causas de la derrota de José María Barreda fue la deuda acumulada con los proveedores. Cuatro mil millones en facturas pendientes en una región como esta se llevan por delante microempresas, empleos y al mismo gobierno. De ahí que uno de los objetivos del actual ejecutivo sea tratar de mantener saneadas las finanzas al precio que sea, incluido los recortes de los servicios públicos, vía inejecución del presupuesto. Y si se descomponen las cuentas, que no trascienda, que no se note. Se busca una explicación estilo Groucho Marx y se manda a los medios.

El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha tenido que reconocer que finalmente Castilla-La Mancha no cumplió el objetivo de déficit en 2016 tras el informe definitivo de la Intervención General del Estado, que fue dado a conocer por clm21.es.

El gobierno de Castilla-La Mancha no reconoce el informe definitivo sobre las operaciones no financieras de 2016 que elevan el déficit de nuestra Comunidad Autónoma a 313 millones de euros, el 0,82 por ciento del PIB. Este informe, elaborado por los interventores del Estado, supone que la Junta de Comunidades habría incumplido el objetivo de déficit público el año pasado, lo que conllevaría la adopción de medidas correctoras en el presupuesto de este año. Esta actualización de datos sube el déficit del conjunto autonómico en 186 millones de euros, de los que 38 corresponden a Castilla-La Mancha. Otras Comunidades habrían rebajado las cifras contempladas inicialmente.

A finales de julio los ingresos de la Junta de Comunidades se situaban más diez puntos por debajo de la media del conjunto de las regiones españolas. En concreto, el gobierno del presidente García-Page había recaudado el 46,67% de las previsiones de ingresos frente al 60,08 a nivel nacional. Esa baja recaudación ha provocado un frenazo en las políticas de gasto en Castilla-La Mancha.

Durante los siete primeros meses del año, la Junta de Comunidades ha ingresado 3.497 millones de euros y ha gastado 3.602 millones. Estos datos revelan que las necesidades de financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ascendían a finales de ese mes a 121 millones euros. Castilla-La Mancha es la tercera Comunidad que presenta peor saldo, sólo por detrás de Navarra y Murcia. Nueve regiones españolas presentaban superávit en sus cuentas, Andalucía las mantenía equilibradas y el resto incurrían en déficit. Además, en la actualización de la serie mensual del año pasado, que lleva fecha de hoy, la Intervención General del Estado, ha elevado el déficit registrado por nuestra Comunidad el año pasado del 0,72, al 0,82% del PIB y de 275 millones a 313.

El Gobierno regional, a través de su portavoz, ha tratado de trasladar la responsabilidad del elevado déficit registrado por la Junta de Comunidades en el primer semestre al Gobierno de la nación, al que ha acusado de haberse retrasado en el envío de fondos a la Comunidad. El déficit a finales del primer semestre era de 361 millones de euros. Los datos de ejecución presupuestaria revelan que el gobierno central había transferido 2.182,8 millones de los 2.188,8 previstos y contemplados en los documentos a efectos del cálculo del déficit, 6 millones por debajo de las previsiones. El grado de cumplimiento estaría en el 99,73%.

El presupuesto que el gobierno ha entregado en las Cortes y que ha pactado con Podemos es un simple documento de intenciones, que difiere sustancialmente del programa presupuestario que el ejecutivo elaboró para obtener financiación. Con anterioridad, el ejecutivo suscribió con el Ministerio de Hacienda un Plan de Ajuste de las cuentas públicas regionales de 2017 cuyo cumplimiento supervisa el Ministerio. Eso le permite acceder a los mecanismos de liquidez que destina a atender los pagos a proveedores y los vencimientos de los créditos. Ese documento es el que está marcando la acción presupuestaria.

El cruce de los últimos datos y proyecciones de los principales servicios de estudios económicos apunta a que las previsiones iniciales que habían realizado sobre Castilla-La Mancha para 2017 se mantienen y la economía regional sufrirá una desaceleración durante este año. Sin embargo, el consejero Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que los datos finales sobre nuestra economía serán mejores que los contemplado en las previsiones que hizo el gobierno a primeros de año y que cifraba el incremento del PIB en un 2,5 por ciento. Según el consejero, el crecimiento final será del 3 por ciento, una décima por debajo del año pasado.

El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina no se ha aventurado a dar una cifra sobre lo que realmente gastará la Junta de Comunidades durante este año. Las previsiones iniciales son de 8.941 millones, de los que 7.170 irán a cubrir la prestación de los servicios públicos y el resto a pagar los vencimientos de deudas. La experiencia viene a demostrar que a final de año en torno al 10 por ciento de estos fondos terminan sin gastarse, fundamentalmente porque los ingresos iniciales estaban sobredimensionados y al no haber suficiente dinero se aplican recortes sobre las diferentes partidas para dar cumplimiento al obligado límite de déficit.