pago a proveedores

A falta de que el viernes lo confirme la Intervención general del Estado, nuestra Comunidad Autónoma cerró mayo con un Periodo Medio de Pago a Proveedores de 17,92 días, casi tres días más que en abril, pero dentro del límite legal establecido en 30 días, según datos a los que ha accedido clm21.es

Castilla-La Mancha se consolida como una de las Comunidades más ágiles en el pago a sus proveedores. En abril, las facturas pendientes de abono sumaban 58,87 millones de euros, equivalentes al 0,13% del PIB regional) y el Periodo Medio de Pago (PMP) era de 15 días. Los datos reflejan el mejor abril de la serie histórica, con una reducción del volumen respecto al año pasado de 92 millones de euros (-60,95%) y un plazo de pago de casi la mitad. De los 58,87 millones pendientes de pago, 40 eran con el sector sanitario.

Castilla-La Mancha cerró el primer trimestre del año en el grupo de regiones que con mayor agilidad pagan a sus proveedores. Sólo Murcia, con un Periodo Medio de Pago de 3,3 días; Extremadura, de 9,23 y Galicia, de 11,22 tiene un PMP más bajo que el de nuestra Comunidad, que es de 14,36 días, tal y como había anticipado en exclusiva clm21.es. Además, nuestra región es la cuarta con menor volumen de deuda comercial. Los53,4 millones de facturas pendientes equivalen al 0,12% del PIB castellano-manchego. Sólo Murcia, con una deuda con proveedores del 0,06% de su PIB, Galicia y Extremadura (ambas con el 11%) tienen una menor proporción de deuda pendiente

A finales del primer trimestre, el gobierno autonómico mantenía un Periodo Medio de Pago a sus proveedores por debajo de los 15 días. A pesar de que el primer trimestre suele ser el de mayores tensiones de tesorería, la hacienda regional ha logrado no distanciarse de los periodos de abono de finales de 2021, cuando alcanzó los mejores tiempos de la serie histórica en cuanto a agilidad de pago a proveedores (14,05 días).

En el mes de enero, el gobierno limpió de su contabilidad 133 millones en facturas pendientes de abono de 2021, ejercicio que cerró con una deuda comercial de 146,3 millones de euros, 25 millones más que en 2020, el año de la década con menor volumen de facturas.

Las empresas energéticas en Castilla-La Mancha presentan un Retraso Medio de Pago sobre el plazo pactado para sus operaciones con proveedores de 19,49 días, 2,5 días por encima de la media nacional, superando además en tres días los retrasos medios de las empresas del resto de sectores económicos de la Comunidad, según el último informe publicado por Informa D&B.

La deuda del gobierno regional con sus proveedores ascendía a finales del año pasado a 146,34 millones de euros. Son 24,7 millones de euros más (20,3%) en facturas pendientes de pago que al cierre de 2020.

Castilla-La Mancha registró a finales de 2021 los mejores datos de la serie histórica en cuanto a agilidad de pago a sus proveedores. El Periodo Medio de Pago (PMP), se situó en 14,05 días. Sólo las dos empresas de la Junta de Comunidades, la de la radio y la de la televisión regionales, incurrían en mora al hacer los abonos en más de 30 días.

En octubre de 2018, el Banco de España encendía las luces rojas “la mayor parte de las Administraciones Públicas continúa presentando todavía, de manera persistente, plazos de pago de sus facturas superiores a los que contempla la ley y advertía de que “un retraso importante en los pagos de las deudas comerciales de un número significativo de administraciones públicas, como sucedió durante la crisis, tendría un elevado efecto sobre la actividad económica”. Ese mismo mes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avisaba sobre la deuda y el riesgo de sostenibilidad financiera y decía: “es muy alto las comunidades de Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana y Región de Murcia, comunidades que actualmente registran un endeudamiento muy elevado (y alejado de porcentaje de referencia legal del 13%), y que, bajo un escenario de política no cambiante, no se reduce significativamente en la próxima década”.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ve insuficiente el plan de pago a proveedores de los ayuntamientos, incluido en los Presupuestos Generales del Estado de este año con una dotación de 2.000 millones, ya que con este importe solo se podrán pagar el 10% de las deudas pendientes.

Las tensiones sufridas en los abastecimientos sanitarios durante 2020 y en parte de 2021 han sido un elemento clave para reducir la deuda de las Comunidades Autónomas con sus proveedores. Antes de la pandemia, tres de cada cuatro euros adeudados eran a laboratorios y compañías sanitarias y farmacéuticas. En noviembre de 2021 la deuda con estas empresas suponía el 68,3% del total, cinco puntos menos que dos años antes. En términos monetarios, las cantidades pendientes de abono al sector sanitario sumaban 2.667,6 millones de euros, muy lejos de los 3.730,2 de dos años atrás.

Los datos de facturas pendientes de pago y de deuda comercial de noviembre reflejan el proceso de saneamiento de las finanzas de Castilla-La Mancha y de su tesorería que ha acometido la Hacienda regional y en el que ha sido determinante el incremento de ingresos. A finales de noviembre, la Junta tenía facturas en trámite pendientes de abono a sus proveedores por valor de 107,9 millones de euros. Es la cuantía más baja para un mes de noviembre de los últimos años. En concreto está 70 millones por debajo (-39,5%) de la de un año antes.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha dispuesto un mecanismo extraordinario para el pago a proveedores de las entidades locales en el año 2022, lo que permitirá cancelar las obligaciones pendientes de pago más antiguas de aquellas entidades que tengan un plazo de pago a proveedores superior a los 30 días, que es el máximo establecido por la ley.

Todos los organismos del gobierno regional y los entes instrumentales, salvo la radio y la televisión públicas, lograron alcanzar la disciplina sobre morosidad en el mes de octubre y abonar sus facturas a proveedores en un plazo inferior a los 30 días.

Las empresas españolas tardaron en pagar a sus proveedores hasta cinco días más en 2020 tras la declaración de la pandemia, ya que el plazo de pago aumentó hasta los 93 días, en los que las empresas utilizaron el crédito comercial de sus proveedores como principal fuente de financiación, según Iberinform.