SESCAM

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado al gobierno de García-Page a recuperar todos los derechos que siguen bloqueados en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y ha recordado que los profesionales aún no han cobrado la productividad variable del año 2016 ni la del 2017.

El gobierno ha realizado más de 25.000 derivaciones de pacientes a la sanidad privada durante el primer semestre del año, según ha quedado de manifiesto durante la comparecencia del director general de Asistencia Sanitaria, José Antonio Ballesteros, en la comisión de sanidad de las Cortes. Esa privatización de la asistencia se ha mantenido en los meses siguientes lo que ha provocado que a finales de septiembre el ejecutivo hubiera agotado los fondos aprobados por las Cortes para derivaciones a clínicas privadas.

Las listas de espera quirúrgica se han convertido en el principal problema de la sanidad regional. Mes tras mes crece el número de pacientes que aguarda una operación, se disparan los plazos medios de espera y el número de pacientes que superan los plazos máximos de garantías sanitarias no dejan de aumentar. En septiembre, la lista negra de la sanidad regional volvió a aumentar en todos sus ratios. Son ya casi 38.000 (37.982 cifra oficial) los castellano-manchegos que aguardan ser llamados para pasar por el quirófano y que se cumpla así la prescripción médica. De ellos casi 15.500 (15.483 cifra oficial), saben que su espera superará los seis meses, que es el plazo máximo que la legislación nacional de salud establece para operaciones más complicadas. Son los peores datos desde que el gobierno actual se hizo cargo de la sanidad.

La lista de espera quirúrgica bate récords y pone en evidencia la ineficacia del plan del Gobierno regional para atajar el grave problema de atención sanitaria a los ciudadanos. Agosto cerró con 37.441 castellano-manchegos, la cifra más alta de los últimos años. La razón no es estacional. En relación a agosto del año pasado el número de pacientes ha crecido en 2.465, un 7,05 por ciento más. Tan solo en el último mes el número 832 personas han ampliado la lista.

Más allá del debate político sobre la privatización de determinados servicios sanitarios o que estos sean públicos, lo cierto es que a finales de julio los documentos oficiales revelan que determinadas actuaciones sanitarias que el SESCAM deriva a clínicas privadas habían superado el límite de gasto que figura en el presupuesto que el viernes deben aprobar las Cortes. Las pruebas médicas que nacerán sin recursos para lo que resta de año son las endoscopias, las tomografías, ultrasonidos, terapias oncológicas, fecundación in vitro o litotricias. A estas hay que añadir otras los procedimientos quirúrgicos generales para los que el gobierno ya ha comprometido gastos por encima de los que figuran en el proyecto de ley.