PODEMOS

El portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, considera que la Ley de Mecenazgo del gobierno que está en tramitación parlamentaria debe ponerse bajo sospecha, a la luz de las informaciones sobre las donaciones de Incarlopsa a la Fundación Impulsa y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, en la que se da amparo a los veterinarios a los que el gobierno del presidente García-Page sancionó por levantar actas sobre posible maltrato animal por parte de la compañía cárnica. Una sentencia en la que la justicia se refiere al proceder de la Administración con términos como manifiesta arbitrariedad, complacencia, actuar al dictado de la empresa, claudicación frente a los deseos de esta o vulneración de derechos de los funcionarios.

En enero del pasado año el secretario regional de Podemos, José García Molina, presentó ante los medios el Plan Podemos, un ambicioso programa destinado a servir de base para el Plan de Garantías Ciudadanas, entre cuyas medidas estrella destacaba la garantía habitacional: “nadie sin casa”. Casi siete meses después de la entrada de Podemos en el gobierno regional (julio de 2017) y de la puesta en marcha del Plan de Garantías Ciudadanas, que cuenta con una consejera encargada únicamente de su gestión, el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señala que en el último año se produjeron en Castilla-La Mancha 2.420 lanzamientos, desalojos forzosos de los ocupantes de un inmueble. De ellos, 1.005 desalojos (el 41,53%) se produjeron en el segundo semestre, entre julio y diciembre de 2017.

Durante su comparecencia para presentar el programa de gobierno “Estrategia 9/19”, el secretario general de Podemos, José García Molina, ha rehusado pronunciarse sobre si será nuevamente el candidato de su formación a la presidencia de la Junta de Comunidades en las elecciones del próximo año: “Ni me lo he planteado ni me lo planteo en estos momentos”.

El secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, ha presentado el trazo grueso de su programa electoral y de gobierno para Castilla-La Mancha bajo la denominación estrategia 9/19. Un proyecto que contempla nueve medidas orientadas, como ha señalado, “al desarrollo económico y social de la Comunidad”. Las principales líneas están dirigidas a colectivos concretos, como mujeres con pensiones mínimas de viudedad, estudiantes universitarios, autónomos y pensionistas en general. Aunque no ha facilitado la ficha financiera de este programa, los cálculos de las medidas propuestas sobrepasan el coste de 1.000 millones de euros anuales y van desde un complemento regional para igualar la pensión de viudedad al salario mínimo, hasta subvencionar la cuota a todos los autónomos, la matrícula universitaria gratuita o eliminar el copago farmacéutico para pensionistas, la entrada gratuita a museos, el bono social de telefonía e internet o incentivar la visita de residentes a Castilla-La Mancha mediante un programa que ha denominado de “invitación a conocer Castilla-La Mancha”.

Tiene el presidente el síndrome del Palacio. No es un mal médico. Es un mal de la política. Consiste en refugiarse en los despachos desde donde sólo sale a actos institucionales programados, alejados del contacto con el pueblo llano. Las causas están a caballo entre el miedo y la soberbia. Una veces unas, o las otras, o ambas. Es lo que en política también se conoce como el encierro en su torre de cristal, que suele aparecer a partir de la mitad de la mitad de legislatura, alimentado por los pretorianos del presidente.

Tanto con el retorno del talento y van y se cargan la fábrica del talento. Tal vez no se hayan dado cuenta porque están en la soberbia del poder, pero lo de los recortes a la Universidad y la espiral de agresión ha abierto la puerta a la protesta. Y tras el primer colectivo, vienen los siguientes. Es de libro. Pueden enredarse en intentar lanzar sospechas sobre la persona del rector. Si piensan que esa es la vía ya pueden ir haciendo las maletas porque no entienden nada. La política no está hecha para matones de barrio.

Carmen Amores, que ha llevado cierta tranquilidad al ente público de la radio y la televisión de Castilla-La Mancha -las del gobierno regional-, quiere marcar perfil técnico, el de la modernización tecnológica, el de la conversión de la antigua tele en una plataforma digital. Y trata de desmarcarse de lo de la tendenciosidad -que la hay- y de las llamadas de Presidencia, como si la cosa no fuera con ella.

El gobierno regional mantiene sin gestionar (en ejecución cero) seis de las trece actuaciones del Plan Integral de Garantías Ciudadanas (PIGC), contempladas como acciones de emergencia. El Plan, creado a iniciativa de Podemos e incorporado a los presupuestos de 2016 y 2017 es supervisado por Inmaculada Herranz, consejera “Encargada de la coordinación del Plan”, que junto a José García Molina son los dos miembros de la formación morada en el ejecutivo de coalición de las formaciones de izquierda que preside Emiliano García-Page.

La situación de Cataluña ha dejado en segundo plano el debate interno de nuestra Comunidad, el que se va a celebrar la próxima semana sobre el estado de la Región, en el que se hará un repaso de la evolución de Castilla-La Mancha en el último año. El presidente, García-Page llega a él con un perfil bajo, ausente de la tribuna parlamentaria en los grandes momentos institucionales y políticos que ha tenido Castilla-La Mancha en el último año, que no han sido ni pocos ni livianos: El primer presupuesto rechazado de la historia autonómica, la primera gran crisis institucional, hasta el punto de que el propio presidente anticipó su continuidad futura a los resultados del proceso interno que ha vivido el PSOE y que también se barajara la posibilidad de un anticipo electoral.

El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene excluidos de la foto oficial al vicepresidente segundo, José García Molina, y a la consejera encargada de la coordinación del Plan de garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz Aguayo. Ambos altos cargos tomaron posesión hace más de un mes como miembros colegiados del Gobierno que presiden García-Page tras el pacto de coalición con Podemos.

Resaca tras la jugada del vicepresidente segundo del Gobierno en torno a la reunión con el vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras para "poner de manifiesto la voluntad de ambos gobiernos en la defensa de la democracia y las libertades y la búsqueda del diálogo". A lo largo de la mañana se ha mantenido la tensión política. El Partido Popular ha vuelto a pedir el cese de García Molina y ha recordado que entre sus funciones está la de representación institucional del gobierno regional, el PSOE ha establecido un paralelismo con la reunión de Soraya Sáenz de Santamaría con Junqueras y el vicepresidente primero del gobierno ha manifestado públicamente su apoyo a la actuación del Gobierno de España. Mientras tanto, tanto José García Molina como Podemos se mantienen en silencio.

David Llorente, el portavoz de Podemos en el Parlamento de Castilla-La Mancha, donde la formación está en el gobierno en coalición con el socialista García-Page ha llamado a apoyar el referéndum ilegal de Cataluña “frente a la represión del PP y el silencio cómplice del PSOE”.