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El nuevo escenario de negociación sobre la subida salarial de los empleados públicos para 2018 tendrá su impacto en las cuentas públicas del Gobierno regional. Según trascendió tras la reunión celebrada ayer entre el presidente de CSIF, Miguel Borra, y el ministro de Hacienda, el gobierno ha ofrecido una subida salarial entre el 5,25 y el 8 por ciento en tres años, con una parte vinculada al PIB. Inicialmente el tramo fijo estaría en el 1,5% para 2018, 1,75% para 2019 y el 2% para 2020.

El último trimestre del año empeoró la mejoría del mercado de trabajo con un incremento del paro en 15.500 personas y pasó del 18,3% al 19,75%. Esa caída se produjo a pesar de la campaña de Navidad y de otras actividades comerciales y logísticas que tiran del empleo como el Black Friday.

Mientras el gobierno regional “valora que la AIReF avale como probables sus previsiones macroeconómicas, lo que evidencia que los presupuestos 2018 son realistas”, ese organismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, dice que son “optimistas” y recomienda al ejecutivo de Castilla-La Mancha que cumpla la normativa europea y “publique los modelos y parámetros utilizados” para realizar esas previsiones macroeconómicas.

Los precios industriales experimentaron una ligera subida mensual en diciembre del año pasado en Castilla-La Mancha. Según recoge el Índice de Precios Industriales (IPRI), elaborado periódicamente por lNE, durante el último mes de 2017 los precios de la industria en la región se incrementaron en poco más de 3 décimas. Con esta leve subida, la tasa de variación anual del IPRI regional se reduce desde los 4,6 puntos a los 2,6. No obstante, Castilla-La Mancha es la quinta Comunidad, después de Andalucía, Extremadura, Asturias y Galicia, con mayor tasa de variación anual de sus precios industriales- O lo que es lo mismo, es una de las cinco regiones en la que más han subido los precios industriales en el último año.

Los datos oficiales hechos públicos, señalan que a finales de noviembre, las Comunidades Autónomas en su conjunto habían recaudado el 88,13% de los ingresos previstos para todo el año. En el caso de Castilla-La Mancha ese porcentaje se queda reducido al 85,33%. La mejor recaudación es la causa que explica que el conjunto del estado autonómico mantenga una mejor situación financiera que Castilla-La Mancha.

La deuda del gobierno regional con sus proveedores se incrementó en un año en el 32,47%, según el informe de “Plazo a proveedores y deuda comercial de las Comunidades autónomas” de noviembre de 2017. En concreto, la Junta debía a sus proveedores 236 millones de euros 58 más que en el mismo mes de 2016. El gobierno debía otros 138 millones de euros a beneficiarios de subvenciones o convenios. En total, a falta de un mes para terminar el año, el gobierno tenía una deuda no financiera de 374,28 millones de euros.

Iniciada la cuenta atrás para alcanzar el objetivo en 2020 de que el 20% de la energía que se consuma en España y la Unión Europea sea renovable, en el país se concentra un total de 33.168 megavatios instalados de tecnologías renovables. De ellos, 5.258 megavatios, el 15,68% del conjunto nacional, se encuentran en Castilla-La Mancha.

El Índice de Confianza Empresarial en Castilla-La Mancha sigue sumando descensos trimestre tras trimestre. Este indicador, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recoge las opiniones y expectativas de una muestra representativa de establecimientos, con respecto a la marcha de sus negocios en un periodo de tiempo determinado.

Encarecimiento de la financiación, mayor compromiso de gasto público, imposibilidad de incurrir en déficit, caída del crecimiento económico, obligación de reducción de la deuda viva, mayor inflación y un escenario adverso de política monetaria es un cóctel que anticipa un escenario complejo en el horizonte de dos años para el gobierno autonómico que salga de las urnas el año que viene. A ello habrá que añadir el impacto del nuevo modelo de financiación autonómica. Por si fuera poco, ese horizonte va precedido de un año y medio preelectoral que va a provocar mayores tensiones económico financieras (es el periodo de cualquier legislatura de cualquier administración donde se aceleran los gastos), que quedarán al descubierto cuando el ejecutivo que entre en 2019 haga el balance.