Superávit

El gobierno regional mantiene un superávit de 138 millones de euros, equivalente al 0,33% del PIB. Los datos de julio muestran hasta la fecha unas cuentas saneadas, aunque ligeramente por debajo de las del año pasado, cuando el exceso de ingresos sobre gastos era de 170 millones de euros. Los datos de julio destacan por ser la primera vez en el año en el que el gobierno regional logra presentar sus cuentas sin necesidades extraordinarias de financiación.

El saneamiento financiero de la Comunidad ha sido puesto en cuestión por el Partido Popular. A pesar de que el año pasado Castilla-La Mancha obtuvo el mayor superávit en sus cuentas públicas, 159 millones de euros. Los comités de dirección provinciales del PP han achacado el superávit registrado por la Comunidad Autónoma en 2020 a la "mala gestión de recursos", tras haber "olvidado" a los sectores que "más apoyo necesitan" en esta crisis. Durante 2020, el gobierno de Castilla-La Mancha gastó 375 millones de euros más que en 2019 y buena parte de este incremento se destinó a la lucha contra la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid. La posición del PP ha sido contestada por la portavoz socialista Ana Isabel Abengózar, quien ha pedido al presidente de los populares que "se pronuncie sobre los datos que hablan bien de la gestión de un gobierno que tiene a Castilla-La Mancha en la cabeza y en el corazón, un gobierno que se han empeñado en administrar bien los recursos públicos y no ha dejado a nadie atrás"

Nunca antes la Junta había manejado tanto dinero como en 2020. El año pasado la Hacienda Regional tuvo más de 8.000 millones de euros. Esa cuantía le permitió afrontar los gastos extraordinarios del Covid y terminar con superávit por segunda vez.

El presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha destacado hoy que el PSOE es un partido político que se caracteriza por su “vocación municipalista” y ha vuelto a defender que se liberen los fondos retenidos por la normativa aprobada por el PP para que los ayuntamientos puedan gastarlos en la lucha contra la COVID-19 y en otros gastos sociales y de infraestructuras.

La negociación del modelo de financiación autonómica ya no es cuestión de dos: Gobierno central y gobiernos regionales. El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha introducido una nueva variable en el proceso, al plantear en su comparecencia en el Congreso de los Diputados que los ayuntamientos están sobrefinanciados y podrían asumir competencias que ahora tienen las Comunidades Autónomas, en especial los servicios sociales y la atención a la dependencia. Esta propuesta abre el planteamiento a que exista una negociación global sobre el reparto de fondos entre todas las administraciones públicas territoriales: central, regionales y locales, y de la Seguridad Social.