ECONOMÍA

Los datos oficiales hechos públicos, señalan que a finales de noviembre, las Comunidades Autónomas en su conjunto habían recaudado el 88,13% de los ingresos previstos para todo el año. En el caso de Castilla-La Mancha ese porcentaje se queda reducido al 85,33%. La mejor recaudación es la causa que explica que el conjunto del estado autonómico mantenga una mejor situación financiera que Castilla-La Mancha.

La deuda del gobierno regional con sus proveedores se incrementó en un año en el 32,47%, según el informe de “Plazo a proveedores y deuda comercial de las Comunidades autónomas” de noviembre de 2017. En concreto, la Junta debía a sus proveedores 236 millones de euros 58 más que en el mismo mes de 2016. El gobierno debía otros 138 millones de euros a beneficiarios de subvenciones o convenios. En total, a falta de un mes para terminar el año, el gobierno tenía una deuda no financiera de 374,28 millones de euros.

Iniciada la cuenta atrás para alcanzar el objetivo en 2020 de que el 20% de la energía que se consuma en España y la Unión Europea sea renovable, en el país se concentra un total de 33.168 megavatios instalados de tecnologías renovables. De ellos, 5.258 megavatios, el 15,68% del conjunto nacional, se encuentran en Castilla-La Mancha.

El Índice de Confianza Empresarial en Castilla-La Mancha sigue sumando descensos trimestre tras trimestre. Este indicador, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recoge las opiniones y expectativas de una muestra representativa de establecimientos, con respecto a la marcha de sus negocios en un periodo de tiempo determinado.

Encarecimiento de la financiación, mayor compromiso de gasto público, imposibilidad de incurrir en déficit, caída del crecimiento económico, obligación de reducción de la deuda viva, mayor inflación y un escenario adverso de política monetaria es un cóctel que anticipa un escenario complejo en el horizonte de dos años para el gobierno autonómico que salga de las urnas el año que viene. A ello habrá que añadir el impacto del nuevo modelo de financiación autonómica. Por si fuera poco, ese horizonte va precedido de un año y medio preelectoral que va a provocar mayores tensiones económico financieras (es el periodo de cualquier legislatura de cualquier administración donde se aceleran los gastos), que quedarán al descubierto cuando el ejecutivo que entre en 2019 haga el balance.

Bankia continúa con los pormenores de la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que la entidad debe llevar a cabo este año como consecuencia de su fusión con BMN. Ahora, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri propone rebajar la edad de jubilación anticipada desde los 57 a los 56 años.

Una vez conocidos los resultados del proceso de revisión y evaluación supervisora, el Banco de España ha requerido a Caja Rural de Castilla-La Mancha para que en 2018 incremente el porcentaje de las ratios de capital mínimas, cuyo mantenimiento se exige a los bancos para garantizar la solvencia y que se pusieron en marcha por el comité de Basilea III, tras la crisis financiera mundial iniciada en 2008. Estos ratios de capital sirven para medir la salud financiera de un banco y se calculan poniendo en relación los fondos con los que cuenta una entidad para hacer frente, de forma inmediata, a posibles imprevistos, con el riesgo que asume a través de los activos que tiene en el balance. El porcentaje se viene incrementando paulatinamente desde 2013 y debe alcanzar su máximo en 2019. Las entidades pueden superar los índices requeridos, pero nunca mantenerlos por debajo de lo marcado por el regulador.

El cambio del Banco Central Europeo hacia una política monetaria más restrictiva no se dejará sentir sobre la economía regional hasta la próxima legislatura. A partir de este mismo mes el regulador europeo reduce a la mitad el Programa de Compra de Activos. Mediante este programa puesto en marcha en 2015, el BCE ha venido comprando a razón de 60.000 millones de euros mensuales de deuda pública, valores emitidos por instituciones europeas supranacionales, bonos corporativos, bonos de titulación de activos y bonos garantizados.

Con los últimos datos de 2017 analizados, la evolución de los precios y la inflación en Castilla-La Mancha deja una subida del coste de la vida del 1,1% en la región, con respecto a hace justo un año. Así, en el acumulado de los doce meses del pasado año, el IPC deja un registro positivo que se traduce en un incremento especialmente acusado del coste de los transportes (+2%) y de la cesta de la compra (+1,9%).

Las próximas semanas serán claves para el modelo de la Universidad de Castilla-La Mancha y determinarán cuál será la apuesta de futuro del gobierno regional sobre la institución. El equipo directivo de la institución confía en que a lo largo de 2018 se cierre un acuerdo que permita mejorar la financiación y no tener que llevar a cabo ajustes que afecten a las plantillas y a las becas de los alumnos, tras unos años de infradotación por parte del gobierno.

Se acabaron las trampas en el solitario. Los plazos de pago a proveedores por las administraciones públicas españolas, incluidas las Comunidades Autónomas, deberán computarse conforme a la ley de morosidad, es decir, en días naturales y por tanto la administraciones públicas españolas deberán pagar en menos de 30 días naturales. A partir de esa fecha, los proveedores podrán exigirles intereses de demora. La medida ha sido adoptada por el gobierno central, tras las advertencias de la Unión Europea, que tiene a nuestro país bajo vigilancia por el Procedimiento de Déficit Excesivo y que se ha hecho eco de las quejas presentadas por varias asociaciones españolas contra la morosidad.

En noviembre de 2017 la producción industrial en Castilla-La Mancha cayó casi cuatro puntos, tras el gran incremento registrado en el mes de octubre, registrando un índice de 95,405 puntos, según los datos que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). En cuanto a la tasa de crecimiento anual de la producción industrial, se sitúa en 3,1 puntos, un 34% inferior a la media nacional.