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A finales de febrero el déficit de Castilla-La Mancha era el segundo mayor de España. Con 93 millones de euros, un 0,22% del PIB, superaba la mitad del límite establecido para todo el año, que es del 0,4%. El dato, muy elevado, ha sorprendido porque el saldo presupuestario era de superávit de 53,3 millones, que tras aplicarse los criterios de contabilidad nacional por la Intervención del Estado se ha convertido en un déficit de 93 millones, lo que indica un deterioro subyacente de las cuentas públicas que permanecía invisible en los documentos oficiales de ejecución presupuestaria. Ese deterioro se debería a la elevada deuda que tiene con acreedores y que no ha sido aplicada al documento presupuestario.

Liberbank vuelve a los beneficios en el primer trimestre del año, pero reduce el resultado en comparación al mismo periodo del año pasado. Por su parte a la Caja Rural le pesa mucho el apellido de Castilla-La Mancha y lo borra de su denominación social. Hubo un tiempo de oportunismo que le fue útil para tratar de presentarse como la entidad de la región. Ahora Castilla-La Mancha le pesa.

El gobierno regional sigue con su política de contraponer fotos a datos y anuncios a resultados. Y ha sido semana de buenas fotos y malos datos, para no variar. Entre los datos destacan uno económico y otro social. El económico es que el gobierno del presidente García-Page ha incumplido la regla de gasto y en 2017 gastó 60 millones más de lo que le permitía la ley, debilitando aún más las muy deterioradas finanzas públicas, lo que puede traer graves consecuencias para la Comunidad. El social es el aumento en un año de 2.000 castellano-manchegos en la lista de espera para ser operados por el servicio público de salud. El deterioro de la asistencia sanitaria también ha tenido su impacto en los plazos de espera. A finales de marzo había 1.396 pacientes más que hace un año esperando más de 180 días para ser intervenidos.

El gobierno de Castilla-La Mancha gasta menos por habitante en cubrir los servicios públicos de lo que gastaba en 2013. En concreto, el gasto no financiero por habitante del gobierno del presidente García-Page se ha reducido en dos puntos en 2017 en relación a 2013, según revela el informe sobre “Las finanzas autonómicas 2017” elaborado por Ángel de la Fuente, director de la Fundación Española de Economía Aplicada (FEDEA) y miembro de la comisión de expertos sobre financiación autonómica.

Los indicadores económicos y laborales del primer trimestre referidos a Castilla-La Mancha que se van conociendo confirman la tendencia a la desaceleración en el crecimiento de la economía regional.

Castilla-La Mancha figura en el grupo de once regiones españolas que prevén apurar al máximo el límite de déficit para 2018 establecido en el 0,4% de sus respectivos PIB. En concreto, el gobierno del presidente García-Page estima que se gastará 165,42 millones de euros más de lo que ingrese. El conjunto de las Comunidades no superará el 0,2% de déficit y cerrará con un desfase de 2.595 millones de euros. Según los cálculos oficiales, con el presupuesto presentado por el gobierno regional, el déficit alcanzará el 0,43%, tres centésimas por encima del límite, aunque en el Ministerio de Hacienda se considera irrelevante este hecho siempre y cuando no se produzca un mayor desfase.

En 2017 el gobierno de Castilla-La Mancha dejó sin gastar 682 millones de euros sobre el total del presupuesto definitivo. El dato forma parte del informe elaborado por el Ministerio de Hacienda sobre la ejecución presupuestaria de las Comunidades Autónomas en términos homogéneos, para lo cual se desestima algunas partidas como las del Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA).

Castilla-La Mancha incumplió el objetivo del déficit por el incremento de fondos que destinó a financiar servicios sanitarios con empresas privadas. Según la Intervención General del Estado (IGAE), el incremento del gasto (por encima de lo que la Comunidad podía asumir financieramente) es “consecuencia en gran medida del mayor gasto del 22,4% en conciertos de asistencia sanitaria”. Aunque el ejecutivo del presidente García-Page oculta los datos sobre la ejecución presupuestaria de finales de diciembre, que podrían arrojar luz sobre este y otros puntos de su gestión, el aumento podría haber alcanzado los 28,5 millones de euros sobre la cuantía aprobada por las Cortes.

Lunes 26. Unos días antes había anticipado a los sindicatos que la Junta esperaba cumplir el déficit al menos en los cálculos provisionales que se hacen en marzo, que estaría en el límite, pero cumpliría. Aunque, de igual modo, estaba seguro de que en la revisión de finales de septiembre, en la que se establecen los datos definitivos, la Junta sobrepasaría esa barrera del 0,6% del PIB (240 millones de euros) y que finalmente, y por tercer año consecutivo, el presidente García-Page incumpliría el objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.